Representantes de los países miembro de la OEA durante la sesión extraordinaria.
OEA - Archivo

   CARACAS, 11 Abr. (Notimérica) -

   El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes, con el apoyo de 18 de sus 34 Estados miembros, una resolución donde reconoce a Gustavo Tarre, designado por el diputado opositor Juan Guaidó, como representante permanente de Venezuela en este organismo.

   Por su parte, el Gobierno venezolano señaló que la resolución de este organismo es una violación del Derecho Internacional y de la Carta de la OEA. Señalando que quien designa al representante de un país ante la OEA es el jefe del poder Ejecutivo, en este caso el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

   El embajador venezolano ante Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, aseguró que Tarre es una persona que no se sabe a quién representa, debido a que la OEA no ha reconocido a otro gobernante distinto al mandatario Maduro.

   Para Moncada, es una "aberración jurídica" que haya un representante de un gobierno que no existe oficialmente en la OEA.

   El secretario general de la OEA, Luis Almagro, carece de la autoridad para reconocer presidentes. No existe en el organismo interamericano un documento de "reconocimiento" a un presidente "autoproclamado", apuntó el embajador.

   La resolución crea un precedente sin fundamentación jurídica que "podría afectar en un futuro la organización", de acuerdo con el representante de México, Jorge Lomónaco.

   Asimismo, la Carta del organismo hemisférico no faculta al Consejo Permanente a acreditar representantes de un Estado, según señalaron los embajadores de México, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda y El Salvador.

   Para Lomónaco, el documento aprobado este martes "es una victoria pírrica para un grupo de países, sin efectos reales y con potencial de consecuencias negativas para la OEA y su institucionalidad".

   Asimismo, y según informa Tele Sur', la propuesta de Tarre surgió de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos están declarados como nulos.