CARACAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tareck William Saab, ha afirmado este viernes que aún hay 51 personas detenidas por las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro iniciadas en febrero de 2014, de los cuales "catorce son funcionarios policiales y militares y 37 civiles".
El funcionario venezolano se ha reunido con representantes del Comité de víctimas de las guarimbas, de marcado carácter pro 'chavista', para esclarecer los hechos de violencia, que dejaron un saldo de 43 muertos, y ha advertido de que ningún dirigente político tiene derecho a reeditar estos hechos, llamar a la violencia o "provocar disturbios".
"Por dichos sucesos conocidos como 'la guarimba' o 'la salida' hubo 43 venezolanos que fallecieron, entre ellos un grupo importante de civiles y también de miembros de la fuerza armada. Si sumamos en total entre funcionarios públicos, militares y civiles fallecidos la cifra supera la docena", ha detallado.
Tal y como informa el diario venezolano 'Panorama', el Defensor del Pueblo ha asegura que la institución está "abierta a escuchar", así como a procesar casos que tengan que ver con situaciones puntuales o emblemáticas, en referencia a estos "hechos de violencia" iniciados el 12 de febrero de 2014.
ANIVERSARIO PELIGROSO
Estas declaraciones se producen en fechas cercanas al aniversario de las citadas protestas, que representa un arma de doble filo tanto para Maduro, que ve peligrar de nuevo su Gobierno, como para la oposición, que podría acabar fagocitada por sus luchas internas.
Los principales líderes opositores ya han iniciado los contactos para consensuar una 'hoja de ruta' contra Maduro y, de momento, han coincidido, según ha podido saber el diario venezolano 'El Nacional', en que el cambio político es inminente y en que las movilizaciones "pacíficas y constitucionales" son necesarias para conseguirlo.
Pero hasta ahí las coincidencias. El sector duro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha insistido en que el camino a seguir es una movilización masiva en las calles, similar a la vivida hace un año, que obligue a Maduro a dimitir y convocar elecciones anticipadas.
En el extremo opuesto se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles, que encarna al sector moderado de la coalición opositora y que aboga por mantener la presión en las calles pero sin provocar un adelanto electoral, es decir, esperar hasta 2019.
El Palacio de Miraflores también ha empezado a engrasar su maquinaria denunciando una "guerra económica" contra el 'chavismo' una "campaña de manipulación" para hacer creer a los venezolanos que no hay productos básicos.