5 de diciembre de 2006

Venezuela.- El embajador Morodo hace gestiones para que Chávez no conceda la nacionalidad venezolana a ningún etarra

CARACAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de España en Venezuela no tiene constancia de que los etarras refugiados en ese país Miguel Angel Aldana, Jesús Ricardo Urteaga, Eugenio Barrutiabengoa y José Lorenzo Ayestarán hayan pedido al Gobierno de Hugo Chávez que les conceda la nacionalidad venezolana, pero el embajador Raúl Morodo está haciendo "todas las gestiones" necesarias para que en caso de que la soliciten no se les concede.

Así lo aseguraron fuentes diplomáticas españolas consultadas por Europa Press, que precisaron que en este momento el embajador Morodo está haciendo personalmente las gestiones correspondientes ante los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior y Justicia. Además, no descartaron que en caso de que las actuales gestiones no fructifiquen, hacerlas "al más alto nivel" ante la Presidencia de la República.

"Por lo que sabemos ninguno de los pedidos en extradición ha solicitado la nacionalidad venezolana (...) pero estamos haciendo gestiones para que si la piden no se les conceda", insistieron las citadas fuentes, que de momento han centrado todos sus esfuerzos en la posible concesión de la nacionalidad a estos cuatro etarras, que de concretarse impediría que fuesen extraditados a España

Con respecto a las supuestas indemnizaciones por casi 350.000 euros que el Gobierno de Chávez se habría comprometido a conceder a otros dos miembros de la banda ETA por su deportación a España en el año 2002 --Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza--, las gestiones se dejarán para más tarde ya que en estos momentos la prioridad es el tema de la nacionalidad, añaden las fuentes.

El Gobierno de Hugo Chávez llegó a un acuerdo amistoso en junio pasado con los abogados de Echániz y Galarza en el que se establece una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (casi 350.000 euros) para los dos etarras y sus familiares por los supuestos "daños morales y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".

De momento no han recibido la indemnización, a pesar de que se ha cumplido el plazo de "90 días y 70 días de prórroga" establecido, pero uno de sus abogados consultado por Europa Press confió en que se resuelva "pronto" ya que sus interlocutores en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela "le han hecho saber" que el acuerdo se publicará "pronto" en la Gaceta Oficial (el BOE venezolano).

El acuerdo establece también que el Gobierno de Venezuela reconoce la presencia en su territorio de varios "asilados políticos vascos" que llegaron en los ochenta con motivo de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Además, se compromete a "dar facilidades" para que "asilados vascos" puedan obtener nacionalidad venezolana "cuando reúnan las condiciones" recogidas por la ley.

Además, establece que el Gobierno de Caracas hará gestiones ante las autoridades españolas para que Sebastián Echániz cumpla su condena en "una prisión cerca de su lugar de origen", y se compromete ante futuras detenciones de presuntos etarras a no volver a utilizar el mecanismo de expulsión inmediata empleado en el caso de Echániz y Galarza, y optar por el proceso de extradición.