Dice que la moción del Senado busca "enturbiar las buenas relaciones" entre ambos países
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El embajador venezolano en España, Julián Isaías Rodríguez, instó este viernes al Partido Popular a preocuparse "de aclarar la trama de corrupción Gürtel" en lugar de respaldar en el Senado español mociones contra el Gobierno de Caracas.
"Mejor sería que tanto el senador (Dionisio) García como su partido, el PP, se preocupasen de aclarar la trama de corrupción Gürtel, en la que algunos dirigentes de ese partido han desafiado a las autoridades españolas y aún a las de su propia tolda política para mantenerse en los cargos que desempeñan", subrayó el diplomático venezolano en un comunicado.
Isaías Rodríguez respondía así al senador 'popular' que tildó al Gobierno venezolano de Hugo Chávez de "régimen dictatorial" durante el debate de la moción aprobada este miércoles por el pleno del Senado español para instar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a interceder ante Caracas para que respete los derechos procesales de los opositores a Chávez.
El embajador venezolano criticó la moción del Senado, promovida por el grupo parlamentario de senadores nacionalistas vascos y respaldada por todos los grupos salvo el PSOE y Entesa, porque, a su juicio, "forma parte de una campaña orquestada por la derecha española y la oposición venezolana con el propósito de tergiversar nuestra realidad democrática y soberana y enturbiar las buenas relaciones existentes entre los gobiernos".
"Es lamentable que la derecha española insista en su campaña de manipulación contra Venezuela y que pretenda irresponsablemente llevarla a las instituciones españolas", subrayó.
Para Rodríguez la moción sólo busca "enturbiar las buenas relaciones bilaterales" entre ambos Ejecutivos y "poner en peligro las grandes inversiones que empresas españolas han realizado en nuestro país". "Pero no lo lograrán", apostilló.
Al igual que hizo la presidenta de la Asamblea Nacional venezolana, Cilia Flores, el embajador Rodríguez tildó de "injerencista" la moción del Senado, cuya competencia "para valorar la constitucionalidad de otros países" rechazó.
En este sentido, respaldó al portavoz del grupo socialista, Arcadio Díaz Tejero, quien defendió en el debate de la moción que la Cámara Alta española "no tiene competencia para evaluar los procesos penales en otros países".
Asimismo, dejó claro que la moción "que pretende presionar al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que realice una exhortación a las autoridades venezolanas", en su opinión, "violentaría" la soberanía y Estado de Derecho venezolanos.
LA MOCIÓN
La moción, defendida por el diputado del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti, lamenta que los derechos procesales "más elementales" de "detenidos con carácter político" en Venezuela "son reiteradamente ignorados" y que "las víctimas son difamadas en los medios de comunicación, son imputados sin fundamento, detenidos arbitrariamente y sus derechos a la defensa son vulnerados reiteradamente".
"En la tramitación de procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes, se produce una clara y reiterada quiebra de los derechos de la defensa", algo que, de acuerdo con la moción aprobada, "refleja el deterioro del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela".
Asimismo, el pleno del Senado critica en la moción que jueces y fiscales venezolanos "reciben rutinariamente el encargo de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno".
La moción pone de relieve asimismo que la lista de presos, represaliados, perseguidos o exiliados en Venezuela "es larga", aunque destaca los casos del estudiante Julio César Rivas que fue detenido durante 20 días por participar en una manifestación contra la polémica Ley de Educación el pasado mes de agosto, así como el del empresario y banquero Eligio Cedeño, detenido en febrero de 2007 como medida preventiva, más allá del plazo que fija la ley, sin que le imputaran cargo alguno en su contra en el momento de su detención.
El Senado reclama en la moción que "se imponga el derecho constitucionalmente reconocido de toda persona de ser juzgada en libertad", de manera que se limiten "las situaciones de prisión preventiva" en Venezuela, tal y como avala la propia Constitución del país latinoamericano.
El grupo de senadores nacionalistas vascos justiticó la intervención del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero porque éste "ha hecho de la defensa del respeto de los derechos humanos en el ámbito internacional una de sus prioridades".