CARACAS, 30 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Hugo Chávez ha exhumado este lunes los cuerpos de María Antonia y Juana Bolívar, las hermanas de Simón Bolívar, el Libertador de las naciones de Sudamérica, para cotejar si los restos del héroe de la independencia que reposaban en el Panteón Nacional son auténticos.
Chávez ordenó en julio exhumar al "padre de la patria" para comprobar si su muerte en 1830 fue a causa de una tuberculosis, como dice el consenso de los historiadores, o si fue envenenado con arsénico por la burguesía colombiana, como sospecha el mandatario socialista y algunos estudiosos.
Para la oposición, todo este proceso es una maniobra del Ejecutivo para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país, como la alta inseguridad o la crisis económica, de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
"En este momento los científicos (...) están haciendo la extracción de las muestras de ADN correspondientes para iniciar su estudio y luego su comparación con la muestra que tomamos de los restos del Libertador", ha informado el vicepresidente Elías Jaua quien supervisa la operación, a la emisora local Unión Radio.
Los restos de María Antonia y Juana Bolívar volverán a ser depositados en sus nichos de la Catedral de Caracas una vez se tomen las piezas dentales con las que se llevará a cabo el análisis forense.
La pesquisa sobre los restos del héroe decimonónico, que impulsó la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ha enfurecido a los adversarios de Chávez, a quien exigen investigar los miles de asesinatos que se producen cada año en la nación petrolera y no uno que sucedió hace siglos.
Las autoridades alegan que además de averiguar la causa de su muerte, también sustituyeron el antiguo sarcófago de plomo por uno moderno para la mejor conservación de los restos.
Chávez idolatra a Bolívar, al que cita profusamente en sus largas y frecuentes alocuciones televisivas, y lo considera precursor de su "revolución socialista y bolivariana". Sin embargo, sus adversarios denuncian que el mandatario abusa del nombre del reverenciado militar con fines políticos, que el Gobierno suele utilizar para bautizar proyectos y planes políticos.