NUEVA YORK, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) afirmó hoy que la decisión de las autoridades de Caracas de expulsar del país a dos directivos de la organización que habían hecho público un informe crítico con el Gobierno del presidente Hugo Chávez supone "una prueba más de la creciente intolerancia" reinante en Venezuela.
El Gobierno expulsó ayer a José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, y a Daniel Wilkinson, subdirector de la división horas después de celebrar una rueda de prensa en Caracas para presentar un informe que describe "cómo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de Derechos Humanos en Venezuela", afirmó la organización en un comunicado.
"La expulsión del equipo de Human Rights Watch deja aún más claro que Venezuela está yendo por el camino de la intolerancia", declaró el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, citado en el comunicado. "Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero simplemente ha reforzado el mensaje: las libertades civiles en Venezuela están en peligro", añadió.
El informe de 267 páginas, titulado: 'Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los Derechos Humanos en Venezuela', analiza el impacto que ha tenido la presidencia de Chávez en los tribunales, los medios de comunicación, los sindicatos y la sociedad civil.
Según HRW, el informe documenta "cómo la extraordinaria oportunidad que presentó la nueva Constitución de 1999 para fortalecer el Estado de derecho y la protección de Derechos Humanos en Venezuela ha sido, desde entonces en gran medida desaprovechada". Entre otras cosas, el informe sostiene que el Gobierno ha socavado la libertad de expresión, al endurecer los delitos que penalizan expresiones y al intimidar a los críticos.
Vivanco y Wilkinson fueron interceptados en su hotel en Caracas la noche del 18 de septiembre, cuando les entregaron una carta acusándolos de actividades que atentan contra el Estado. Sus teléfonos móviles fueron confiscados y sus solicitudes para contactar con sus Embajadas fueron denegadas. Fueron colocados en automóviles, llevados al aeropuerto y puestos en un avión a San Pablo, Brasil, donde aterrizaron esta mañana.