29 de marzo de 2014

Insulza aclara que Machado intervino ante la OEA como diputada venezolana

Insulza aclara que Machado intervino ante la OEA como diputada venezolana
REUTERS

CARACAS, 29 Mar. (Notimérica/EP) -

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha aclarado que María Corina Machado intervino ante el bloque continental como diputada venezolana, no como representante del Gobierno de Panamá.

Insulza ha explicado, en una nota de prensa difundida este sábado por el diario venezolano 'El Universal', que Machado intervino ante el Consejo Permanente de la OEA en calidad de diputada venezolana y que, sólo a tal fin, Panamá solicitó su acreditación en calidad de representante alterna.

El líder regional ha indicado que es una práctica usual de la OEA permitir "la participación y uso de la palabra en sesiones de sus órganos políticos de representantes que no necesariamente tenían la nacionalidad del Estado miembro al que representaban".

A este respecto, ha recordado que así sucedió en 2009, cuando la ex ministra de Exteriores de Honduras Patricia Rodas se dirigió al Consejo Permanente de la OEA para explicar la crisis política que vivía entonces el país centroamericano.

Insulza ha respondido así a una nota de aclaración solicitada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora a la que pertenece Vente Venezuela, el partido político que lidera Machado.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Diosdado Cabello, expulsó el pasado lunes a Machado de la sede legislativa al considerar que violó la Constitución aceptando la invitación de Panamá para intervenir en su turno de palabra ante la OEA.

De acuerdo con Cabello, violó el artículo 191 de la Constitución, según el cual "los diputados no podrán aceptar cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva".

Asimismo, el jefe del Poder Legislativo aseguró que Machado también violó el artículo 149, que establece que "los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la AN".

La expulsión de la diputada opositora no sólo tiene repercusiones políticas, sino que podría acarrear también medidas judiciales, ya que de esta forma se ha visto privada de su inmunidad parlamentaria, abriendo la puerta a un posible proceso por traición a la patria, un delito por el que podría ser condenada a 30 años de cárcel.

Un grupo de diputados opositores han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la supuesta persecución política contra Machado. "Se trata de un derrocamiento", denunció el legislador disidente Miguen Ángel Rodríguez.

CRISIS VENEZOLANA

Machado es una de las señaladas por el Gobierno como responsable de la crisis política que se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado 38 muertos, 559 heridos y 168 detenidos.

Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.

La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La OEA se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.

Los cancilleres regionales han conseguido que Gobierno y oposición acepten sentarse a la mesa de negociaciones con la mediación de "un tercero de buena fe" de mutuo acuerdo para superar, de una vez por todas, esta crisis política.