CARACAS, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, ha explicado este miércoles que el país se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque ha superado "el límite permisible de desprestigio y falta de credibilidad" al encontrarse bajo la influencia de Estados Unidos y "lo peor" de la derecha venezolana.
El canciller ha indicado que la CoIDH "ha llegado más allá del límite permisible de desprestigio y falta de credibilidad" con el fallo que ha dictado en el caso de Raúl Díaz Peña, acusado de atentar contra el Consulado de Colombia y la Oficina de Comercio de España en Caracas el 25 de febrero de 2003.
Además, ha considerado que dicha sentencia es una prueba de que la CoIDH "está bajo la influencia directa de la hegemonía del Departamento de Estado de Estados Unidos", así como de que "está conectada de manera vulgar con lo peor de la derecha venezolana".
Asimismo, ha afirmado que el de Díaz Peña, considerado un terrorista por Venezuela, "es uno de los fallos más abusivos y aberrantes que ha dictado la CoIDH", según informa la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
EL CASO
El pasado 26 de junio, la CoIDH declaró que el Estado venezolano es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal de Díaz Peña y por los "tratos inhumanos y degradantes" que recibió durante su estancia en prisión.
La CoIDH determinó que, "mientras permaneció bajo custodia estatal, Díaz Peña fue sometido a condiciones de detención que tuvieron un grave impacto sobre su salud, y, a pesar de ello, no recibió oportunamente la atención médica correspondiente".
Además, denunció que la detención de Díaz Peña fue "ilegal y arbitraria", que estuvo sometido a un régimen de detención preventiva que sobrepasa los límites de la legislación penal, "invocando un supuesto riesgo de fuga", y que no se realizó una revisión judicial "efectiva" de su situación.
No obstante, la CoIDH admitió la excepción preliminar presentada por Venezuela al considerar que, tal y como argumenta el país caribeño, el caso de Díaz Peña se trasladó al tribunal regional sin haber agotado los recursos internos, tal y como exige la Convención Americana.