Actualizado 01/04/2016 21:53

La oposición venezolana advierte de que anular la reforma del Banco Central agravará la crisis

Henry Ramos Allup, propuesto para presidir la Asamblea Nacional de Venezuela
MARCO BELLO / REUTERS


CARACAS, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha advertido de que la anulación de la reforma del Banco Central de Venezuela (BCV), aprobada por la sede legislativa y tumbada por el Tribunal Supremo a petición del Gobierno, agravará la crisis económica actual.

"Al anular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la reforma de la Ley del BCV habrá más inflación y más desabastecimiento", ha escrito en Twitter. "Gobierno y TSJ cómplices en los delitos que destruyen a Venezuela", ha añadido.

Además, Ramos Allup ha revelado que "un bufete judicial del régimen" se reunió en la sede del TSJ con el presidente del BCV, Nelson Merentes, antes de que el alto tribunal anulara la ley. "Duda no quepa de que cuando este régimen cese los integrantes del bufete judicial violador sistemático de la Constitución serán enjuiciados y presos", ha afirmado.

El Supremo ha declarado inconstitucional la reforma del BCV aprobada por la Asamblea Nacional para revertir los cambios realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro en la entidad tras perder las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Para el TSJ, la reforma del BCV "contraviene lo establecido en el cardinal octavo de la Disposición Transitoria Cuarta de la Carta Magna, por cuanto pretende atribuir al Parlamento competencias para designar, ratificar y remover al presidente y demás directores del BCV".

Los magistrados han hecho "un estudio comparado de las constituciones de países que consagran sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, llegando a la conclusión de que, en su mayoría, la designación de sus autoridades corresponde al Poder Ejecutivo".

El TSJ ha respondido a la petición cursada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que se pronunciara sobre la reforma del BCV. La instancia judicial es quien debe dirimir los conflictos entre el Parlamento y el Gobierno, ahora controlados por partidos rivales.