CARACAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Panamá ha desautorizado a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, que aseguró que en Venezuela existe actualmente una "democracia enferma" después de que la OEA avalara el fallo del Tribunal Supremo venezolano que permite al presidente Hugo Chávez mantenerse en el cargo sin prestar juramento tras su reelección.
Durante la reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Cochez alertó el miércoles de que "estamos ante la presencia de una democracia enferma en Venezuela", en alusión a la decisión del Supremo de Justicia y criticó que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, apoyase la decisión.
"Como demócratas, nos debe doler que nuestro secretario general haya convalidado sin fundamento (el dictamen), a pesar de su indiscutible trayectoria como hombre de leyes", declaró Cochez, que denunció que "toda la OEA es cómplice del Gobierno venezolano".
El Gobierno de Panamá ha emitido un comunicado en el que rechaza las declaraciones de Cochez y asegura que su postura no fue consultada con el Ejecutivo y que "distan mucho de ser la posición del gobierno nacional".
"Panamá reitera que continuará su posición de respeto a los procesos políticos internos de los Estados, y, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, hacemos votos por el pronto restablecimiento de la salud del presidente Hugo Chávez", ha señalado.
La reunión de la OEA del miércoles supuso un cruce de acusaciones entre Cochez y el representante venezolano, Roy Chaderton, que llegó a acusar a Panamá de "tener contactos conspirativos con fascistas venezolanos" y de "desear la muerte a Chávez".
ESCENARIO POLÍTICO
Chávez se sometió el pasado 11 de diciembre a una intervención quirúrgica en La Habana para que un equipo médico internacional le extirpara un tumor cancerígeno. Desde junio de 2011, cuando se le diagnosticó la enfermedad, ya se ha sometido a cuatro operaciones y ha recibido cuatro ciclos de quimioterapia y seis de radioterapia.
Tras semanas de especulaciones sobre su verdadero estado de salud, el 8 de enero el Gobierno confirmó que Chávez, que el 7 de octubre fue elegido para un cuarto mandato consecutivo, no asistiría a la ceremonia de investidura, prevista para el 10 de enero, porque los médicos le han aconsejado seguir ingresado.
El anuncio dio lugar a un debate constitucional en el que el Gobierno ha defendido que la ceremonia de investidura es un mero formalismo y la oposición ha abogado por declarar la falta temporal o absoluta del presidente y dar lugar a un proceso sucesorio o electoral.
Finalmente, el Supremo despejó la incógnita, dictaminando que, dado que Chávez ha sido reelegido en el cargo, la investidura es un mero formalismo que podrá llevarse a cabo ante el alto tribunal, una vez que el líder socialista esté plenamente recuperado.