21 de junio de 2006

Venezuela.- El PSOE dice que los propietarios españoles están recibiendo ya las indemnizaciones y el PP lo niega

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso rechaza una iniciativa del PP que censuraba la actuación de Madrid y Caracas

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP volvieron hoy a discrepar en el Congreso de los Diputados sobre el problema de los propietarios españoles de tierras en Venezuela ya que el primero indicó que el grupo de afectados está ya recibiendo las indemnizaciones acordadas por el Ejecutivo de Caracas, mientras que el principal partido de la oposición negó este hecho.

La diputada Fátima Aburto (PSOE) dejó claro que los españoles afincados en Venezuela pueden estar "perfectamente tranquilos" y tildó de "sorprendente" la "fijación" del PP en este asunto de política exterior, lo que le llevó a calificar esta actitud 'popular' de "obsesión psicopatológica".

Aburto recordó que hay un total de once familias del Estado venezolano de Yaracuy que están beneficiando de las indemnizaciones acordadas por el Gobierno de Hugo Chávez a comienzos de mayo, por lo que tachó de "desfasada" la proposición no de ley presentada hoy por el PP.

"El acuerdo de indemnización está en marcha y se está pagando, incluso por encima de las cantidades en algunos casos", señaló la diputada socialista. Sin embargo, el representante del PP en este debate, Carlos Javier Cabrera, censuró que todo el problema ocasionado por Chávez con la ocupación de fincas de españoles se haya "reducido" a una indemnización de la que "no se ha realizado el desembolso comprometido".

Además, subrayó que hay "muchos" ciudadanos españoles que rechazan las indemnizaciones y que quieren seguir trabajando en Venezuela con un "marco jurídico adecuado", por lo que instó al Gobierno español a ser "contundente" con el venezolano en este caso.

Cabrera indicó que los afectados esperaron durante meses una "asistencia y protección que no llegó" desde España por culpa, a su juicio, de las "ilógicas e irresponsables buenas relaciones" de Zapatero con Chávez. "Se han visto completamente desamparados y los trabajadores (españoles) aún tienen miedo", advirtió.

La proposición no de ley contó con el apoyo de los miembros del PP y CC, pero registró la oposición del PSOE e IU y la abstención de CiU, PNV y ERC. Josu Erkoreka (PNV) apeló a los grupos mayoritarios a la necesidad de llegar a un "necesario y obligado" consenso en esta materia.

PLAZOS DEL ACUERDO

Las autoridades venezolanas no habían indemnizado a fecha de 7 de junio a los propietarios españoles de tierras de Yaracuy pese al acuerdo firmado el pasado 1 de mayo que contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, Richard Vivas, y el embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, según informaron fuentes diplomáticas españolas a Europa Press.

"De momento no se ha producido la indemnización. La Embajada española ha actuado a instancias de los interesados y, en cualquier caso, estamos en un período razonable para que se haga efectivo este pago y esperamos que se pueda satisfacer próximamente", señalaron las citadas fuentes hace casi quince días.

Los españoles cuyas tierras fueron invadidas en el Estado venezolano de Yaracuy tienen que percibir una indemnización de 3,1 millones de dólares. El acuerdo del 1 de mayo estipuló que en menos de 20 días ya habrían percibido el 80 por ciento del pago.

Las doce fincas cuyos dueños firmaron las cartas del acuerdo están situadas en el Estado de Yaracuy, a 320 kilómetros de Caracas. La Embajada española emitió un comunicado el día del acuerdo en el que indicaba que se había llegado a "un desenlace satisfactorio" para los dueños, a quienes se les compensaría por las inversiones realizadas y los cultivos existentes.

El Gobierno venezolano desarrolla actualmente, basándose en la Ley de Tierras, una lucha contra el latifundio en terrenos improductivos de más de 5.000 hectáreas. Los propietarios españoles adujeron la legalidad de los títulos de propiedad, reconocidos por el Estado, sobre sus terrenos, el mayor de los cuales abarca 235 hectáreas y el menor 20. Todas las fincas son productivas, dedicadas principalmente a la caña de azúcar.