PARIS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización de defensa de la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RsF) anunció hoy que trasladará el caso del cierre de la cadena Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte del Gobierno de Hugo Chávez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo aseguró la organización en un informe en el que revela las conclusiones de la visita que realizó a finales de mayo una misión de RsF al país, ocasión en la que se entrevistaron con periodistas, empresarios de los medios de comunicación, analistas políticos y activistas de Derechos Humanos.
La conclusión principal de la misión de RsF es que la Justicia venezolana no ha podido establecer la "participación de RCTV en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002", argumento utilizado por el Gobierno de Hugo Chávez para no renovar la licencia del canal que preside Marcel Granier, decretada el pasado 27 de mayo.
"Al no establecerse jurídicamente la participación de RCTV en la intentona golpista del 12 de abril de 2002 no existe la condición imperativa para justificar la no renovación de la licencia del canal", precisó RsF.
La próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá lugar en Ginebra del 11 al 18 de junio. Además, RsF trasladará el caso al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, al Consejo de Europa, a la CIDH y a su Relator Especial para la libertad de expresión e información.
Reporteros sin Fronteras recordó que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo con sede en San José de Costa Rica, acepta el citado recurso, el Gobierno de Venezuela se verá obligado a cooperar con la mencionada institución y a acudir a las audiencias cuando se le convoque.
EMBARGO DE EQUIPOS DE RCTV
Por otro lado, denuncia que el decreto del Tribunal Supremo del pasado 25 de mayo, ordenando el embargo de los equipos de RCTV en beneficio del nuevo canal Televisora Venezolana Social, entra en contradicción con la Ley orgánica de telecomunicaciones del 12 de junio de 2000, que reconoce a los medios la propiedad de su material.
"Ese embargo no sólo priva a RCTV de su salida por las ondas hertzianas sino que además podría comprometer su emisión por cable", indicó la organización, que acusó al Estado venezolano de haber violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que debe respetar por ser miembro de la Organización de Estados Americanos.
A medianoche del pasado 27 de mayo, y tras 53 años de existencia, RCTV dejó de emitir por orden del Gobierno. Cinco meses antes, el presidente Chávez había anunciado que no se iba a renovar la licencia de emisión del medio, acusado de haber apoyado el golpe que, en abril de 2002, le apartó brevemente del poder.
"Más que una simple medida administrativa, el cierre de RCTV representa una actuación política inédita en el continente americano, resultado de un auténtico dominio de los medios de comunicación audiovisuales, e inscrito en una amplia toma del control del espacio público, por parte del poder", insistió RsF.
El objetivo de la misión de RsF era evaluar las consecuencias del cierre del canal sobre la libertad de información y expresión en el país. "La recuperación de su canal hertziano en beneficio de Tves se decidió al margen de cualquier procedimiento judicial regular y despreciando la jurisprudencia de la OEA", añadió.