PP, CiU, PNV y CC sacan adelante una moción que insta al Ejecutivo a asistir jurídica y económicamente a los afectados
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Senado pidió hoy al Gobierno, a iniciativa del Grupo Popular, que proteste formalmente ante el Ejecutivo venezolano por las "invasiones de propiedades, amenazas y agresiones personales" sufridas por algunos ciudadanos españoles en ese país.
La Cámara Alta aprobó con 131 votos a favor del PP, CiU, PNV y CC, frente a 109 en contra de los socialistas y la Entesa Catalana de Progrès y dos absteciones una moción que insta también al Gobierno a que preste "asistencia jurídica y apoyo económico" a los ciudadanos españoles para su defensa en los tribunales de justicia.
El PP, para ganar los votos del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, retiró uno de los puntos originales de la moción que exigía al Ejecutivo que iniciara acciones judiciales ante los tribunales internacionales por la "vulneración de los derechos" de los ciudadanos españoles en el país iberoamericano.
El senador del PNV Iñaki Anasagasti advirtió de que una llamada del Senado a denunciar al Gobierno de Hugo Chávez en los tribunales internacionales podría provocar algún tipo de represalias para los españoles residentes en ese país.
El PP también retiró el último punto de la moción en el que se pedía el cese del embajador Raúl Morodo en Venezuela, ya que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas su relevo por el diplomático de carrera Dámaso de Lario.
"NI UN REPROCHE" DEL GOBIERNO A CHÁVEZ
Durante la defensa de la iniciativa, el senador 'popular' Dionisio García Carnero denunció la "complacencia constante" con el régimen bolivariano del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de "minimizar" el sufrimiento de los españoles en Venezuela y de no haber lanzado "nunca una palabra de firmeza" ni "reproche" en favor de los intereses españoles en ese país.
Según él, esta actitud de "apoyo" al Gobierno venezolano ha supuesto un "tremendo lastre" que ha contribuido al "descrédito internacional de España".
El senador socialista Cándido Rodríguez Losada advirtió de que la pretensión del PP de denunciar al Gobierno venezolano ante los tribunales internacionales provocaría la "ruptura inmediata de las relaciones" bilaterales cuando a los españoles residentes allí lo que más les interesa es que entre ambos países fluyan unas relaciones "firmes y cordiales".
LO QUE SE JUEGA ESPAÑA EN VENEZUELA
Tras admitir que en estos últimos diez años Venezuela vive una "situación diferente", subrayó que España "se juega mucho" en ese país, entre otras cosas porque, dijo, los dos principales bancos venezolanos son de capital español, así como la principal compañía de seguros, la primera de telefonía móvil y una de las principales empresas petroleras.
El Grupo Socialista presentó una enmienda de sustitución a la moción del PP que proponía, entre otras cosas, "reforzar los servicios diplomáticos y consulares" de España, pero que fue rechazada por los 'populares'.
El portavoz adjunto de Coalición Canaria José Luis Perestelo abogó también por el refuerzo de la representación consular en Venezuela y recordó que, pese a que el Gobierno anunció la apertura de un nuevo consulado en Valencia, "aún no se ha hecho realidad". A pesar de que valoró el trabajo desarrollado por el cónsul español en Venezuela reconoció que es "imposible" que una sola persona pueda resolver tantos problemas.
El senador de CiU Lluís Badía advirtió de que en Venezuela se está consolidando un sistema político de al menos "discutible garantía democrática", lo que "pone en duda" los derechos de los españoles residentes en ese país. Badía preguntó al Gobierno si se ha planteado que todo lo que ha hecho hasta ahora por los ciudadanos en Venezuela es "suficiente" y "qué piensa hacer de más" de aquí al futuro.
El representante de la Entesa Catalana de Progrès, Lluis María de Puig, advirtió de que, con la moción del PP, "el remedio podría ser peor que la enfermedad" ya que, si se quiere avanzar en la solución de los problemas de los españoles en Venezuela, la mejor manera no es, a su juicio, plantear "protestas" o "querellas" contra el Gobierno venezolano.