La moción critica que jueces y fiscales imputan "rutinariamente" cargos criminales contra opositores al Gobierno venezolano
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Senado español aprobó esta mañana una moción por amplia mayoría en la que insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades venezolanas" para garantizar "los derechos a la defensa y demás derechos fundamentales" en los procesos penales abiertos "contra personalidades opuestas al Gobierno".
Asimismo, la moción presentada por el grupo parlamentario de senadores nacionalistas vascos y aprobada sin ninguna enmienda y con los únicos votos en contra del PSOE y Entesa, reclama que "se imponga el derecho constitucionalmente reconocido de toda persona de ser juzgada en libertad", de manera que se limiten "las situaciones de prisión preventiva" en Venezuela, tal y como avala la propia Constitución del país latinoamericano.
La moción, defendida por el diputado del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti, lamenta que los derechos procesales "más elementales" de "detenidos con carácter político" en Venezuela "son reiteradamente ignorados" y que "las víctimas son difamadas en los medios de comunicación, son imputados sin fundamento, detenidos arbitrariamente y sus derechos a la defensa son vulnerados reiteradamente".
"En la tramitación de procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes, se produce una clara y reiterada quiebra de los derechos de la defensa", algo que, de acuerdo con la moción aprobada, "refleja el deterioro del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela".
Asimismo, el pleno del Senado critica en la moción que jueces y fiscales venezolanos "reciben rutinariamente el encargo de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno".
La moción pone de relieve asimismo que la lista de presos, represaliados, perseguidos o exiliados en Venezuela "es larga", aunque destaca los casos del estudiante Julio César Rivas que fue detenido durante 20 días por participar en una manifestación contra la polémica Ley de Educación el pasado mes de agosto, así como el del empresario y banquero Eligio Cedeño, detenido en febrero de 2007 como medida preventiva, más allá del plazo que fija la ley, sin que le imputaran cargo alguno en su contra en el momento de su detención.
Ante estos hecho, el grupo de senadores nacionalistas vascos justitica la intervención del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero porque éste "ha hecho de la defensa del respeto de los derechos humanos en el ámbito internacional una de sus prioridades".