MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La UE descarta enviar a diplomáticos para vigilar las garantías en el juicio al que se enfrentará próximamente en Venezuela la magistrada María Lourdes Afiuni, encarcelada en 2009 tras concederle la libertad condicional al empresario y opositor al chavismo Eligio Cedeño, al que el régimen acusa de corrupción.
El ministro español de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha informado este jueves en el Senado de que "el conjunto de las embajadas de la UE en Venezuela", la española incluida, ha decidido "no participar directamente en la vista", porque tampoco han recibido "ninguna petición expresa" por parte de Afiuni de que hubiera observadores diplomáticos en ella.
Ha añadido que España ha mantenido una posición de "prudencia" en este caso, pero de "acompañamiento desde el punto de vista político a la causa en relación con el resto de los países europeos".
Los países europeos con presencia en Venezuela, ha añadido, han llegado a la conclusión de que las gestiones que se hacen en esta materia deben enmarcarse "en el ámbito discreto" y "humanitario" porque, ha advertido, "otras actuaciones podrían resultar contraproducentes o perjudiciales para los intereses de la propia Afiuni".
El Senado pidió a finales de marzo al Gobierno español que emprendiera "las gestiones necesarias" para que "una delegación de diplomáticos españoles, de la UE y de otros estados de la Unión" pudiera asistir como observadores al juicio oral.
El texto también pedía que esa delegación diplomática pudiera visitar a la magistrada en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario.
La magistrada Afiuni fue encarcelada en 2009 tras concederle la libertad condicional al empresario y opositor al chavismo Eligio Cedeño, al que el régimen acusa de corrupción. Ella está acusada de varios delitos, entre ellos también el de corrupción.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha declarado públicamente que a Afiuni deberían "meterle 30 años de cárcel" y ha sugerido que en tiempos de Simón Bolívar habría sido fusilada.
El Grupo Popular en el Senado y el PNV han denunciado en reiteradas ocasiones las vejaciones y violaciones sufridas por la juez durante su estancia en prisión. Unos malos tratos que motivaron que fuera recientemente operada para hacerle un vaciado de la práctica totalidad de sus órganos genitales.