MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exigido este viernes la anulación de sentencias de muerte declaradas 'in absentia' el pasado 3 de marzo por un tribunal de los rebeldes yemeníes huthis contra 35 diputados acusados de traición al participar en una reunión convocada por el presidente del país, Abdo Rabbu Mansur Hadi.
Ninguno de los condenados se encuentra en territorio controlado por la insurgencia huthi, que desde 2014 se encuentra al frente de la capital del país, Saná, y protagoniza una guerra civil contra el Gobierno legítimo de Yemen, desplazado a la ciudad de Adén. Durante los últimos cuatro años, el conflicto ha degenerado en una "guerra por terceros" entre Irán y Arabia Saudí, aliados respectivos de los rebeldes y de las autoridades, en medio de una grave crisis humanitaria.
Desde Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, no solo ha lamentado profundamente las sentencias, sino las consecuencias sobre las familias de los condenados, que están ahora bajo la amenaza de la expropiación. "Exigimos a las autoridades 'de facto' que no solo la supresión inmediata de las sentencias sino también garantías de que nadie va a acosar a estas familias", ha manifestado.
Los diputados han sido condenados oficialmente por "amenazar la estabilidad de la República de Yemen así como la unidad y la seguridad de su territorio" en relación a su asistencia al encuentro convocado por Hadi el pasado 11 de abril en la provincia de Hadramaut.
"Nos preocupa muchísimo", ha añadido, "el desarrollo del juicio, en general, que ha sido declarado por motivos políticos e incumple las normas y estándares internacionales".
Sobre los familiares, la oficina de la ONU dice haber recibido informaciones de que "los domicilios en la capital de algunos de los diputados han sido saqueados por la Policía femenina huthi, y que algunos familiares han recibido órdenes de abandonar sus hogares en 24 horas".
En términos generales, la oficina recuerda que "la pena de muerte es una forma extrema de castigo, reservada para los crímenes más graves". "Solo debe impartirse en el peor de los casos, tras un juicio justo que respete hasta la última coma el debido proceso legal que estipula el derecho humanitario".