Publicado 05/02/2014 23:56

El Gobierno presenta su "más ambicioso y completo plan" sobre migración en la ONU

Inmigrantes haitianos esperando a entrar en República Dominicana
REUTERS


MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Dominicana ha presentado este miércoles en Naciones Unidas "su más ambicioso y completo plan para que los extranjeros en situación irregular normalicen su estatus de estancia en el país con todas las garantías legales".

"República Dominicana ha rendido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un completo informe sobre los avances del país en materia de Derechos Humanos como parte de los trabajos de la 18ª sesión de este organismo", ha informado el Gobierno.

El Gobierno dominicano ha explicado algunas de las medidas adoptadas desde 2009 --fecha de la presentación del anterior informe-- "para garantizar los derechos de los niños, las mujeres, los homosexuales, los discapacitados y los migrantes".

La viceministra de Exteriores, Alejandra Liriano, ha destacado la parte relativa a la migración, aclarando que, "a pesar de que recientemente ha suscitado un mayor interés, se trata de un compromiso del presidente, Danilo Medina".

"El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia", ha dicho, subrayando que, "de hecho, estamos ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un Gobierno en esta materia en las últimas décadas".

Liriano ha explicado que "las iniciativas del Gobierno van encaminadas en dos direcciones: Una, que tiene que ver con la situación irregular de los migrantes extranjeros; y dos, que se refiere a la situación de nacionales que no tengan sus documentos en regla".

La primera iniciativa es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, por virtud del cual "los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ello".

"Sólo con este plan, República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses el estatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad", ha estimado.

Liriano ha recordado, que tal y como el Gobierno anunció el pasado mes de noviembre, "durante el proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones de inmigrantes extranjero para quienes decidan acogerse al mismo".

La 'número dos' de la Cancillería ha prometido que el Ejecutivo "hará una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y materiales" para implementar este plan, de modo que pueda ponerse en marcha este mes.

La segunda iniciativa "está enfocada en resolver la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes".

"Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos", ha recordado.

Liriano ha reiterado "la postura firme" del Gobierno de la isla caribeña de que "ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella".

COMPROMISO HUMANITARIO

Además, República Dominicana "ha subrayado su compromiso con los Derechos Humanos básicos de todas las personas que se encuentran en su territorio".

A modo de ejemplo ha informado de que "invierte el 18 por ciento de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante y que alrededor de 36.000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar independientemente de su estatus legal".

Asimismo, ha señalado que "las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana".

POLÉMICA SENTENCIA

El conflicto migratorio se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, con lo que serían "ilegales" o estarían "en tránsito".

La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.

República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.

CRISIS DIPLOMÁTICA

En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.

"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Danilo Medina.

La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque República Dominicana acusó a Haití de romper esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.

Las conversaciones se reanudaron el pasado mes de enero para "encontrar un consenso y soluciones aceptables con el fin de despejar cualquier disputa entre los dos países en materia de migración, comercio, seguridad fronteriza y regularización de los mercados binacionales".