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MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de República Dominicana ha rechazado este sábado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los inmigrantes en el país caribeño, al considerar que es "parcial".
"Tras conocer el informe del CIDH, el Ministerio de Exteriores manifiesta su disconformidad y desagrado al considerar que muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país", ha dicho en un comunicado.
Santo Domingo ha insistido en que "el Gobierno está actuando con apego a la Carta Magna y, por tanto, acata los estipulado por el Tribunal Constitucional", en alusión al fallo con el que ha privado de la nacionalidad a unos 200.000 inmigrantes.
Así, ha lamentado "el escaso reconocimiento y relevancia que la CIDH otorga a los esfuerzos realizados por el Gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia".
También ha aclarado que, "aunque es cierto que se pueden registrar manifestaciones de racismo e intolerancia, son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por las instituciones y la población dominicanas".
"Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse", ha apuntado.
Si bien, el Gobierno ha aclarado que "cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar hechos de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho".
PLANES GUBERNAMENTALES
El Ejecutivo de Danilo Medina ha reiterado su compromiso "con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y con derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional".
A este respecto, ha considerado que "poner en marcha el Plan de Regularización (de inmigrantes) es también una forma de reconocer y garantizar los derechos a toda la población residente en nuestro país".
"De esta forma se cumple el objetivo de dotar al país de una regulación para los extranjeros en situación irregular que permitirá tanto ejercer la soberanía nacional como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano", ha considerado.
Además, ha añadido que "con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en el país, el Gobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial".
INFORME DE LA CIDH
Ayer, la CIDH emitió el informe con las conclusiones de la visita que realizó entre el 2 y el 5 de diciembre a República Dominicana "para observar la situación de los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad y la no discriminación".
La organización regional ha determinado que "las violaciones al derecho a la nacionalidad que había observado en su última visita 'in loco', realizada en 1997, continúan y que la situación se ha agravado debido a la última sentencia del Tribunal Constitucional".
"Como consecuencia del fallo, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos, que diversas fuentes estiman en más de 200.000 personas, han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad", ha dicho.
"Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, frecuentemente identificadas por su color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación", ha especificado.
También ha denunciado "expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de Derechos Humanos que han criticado la sentencia del Tribunal Constitucional".
POLÉMICA SENTENCIA
El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".
La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.
El Gobierno dominicano se enfrenta a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.
CRISIS DIPLOMÁTICA
En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.
"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Danilo Medina.
La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque el pasado 29 de noviembre República Dominicana acusó a Haití de romper el esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, explicó que "República Dominicana ha tomado esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a "priorizar el diálogo".
"En la reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada el pasado martes en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta", dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana a la organización regional.
REFORMA MIGRATORIA
En este contexto, hace una semana Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.
Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.