MADRID, 24 Feb. (Notimérica) -
Amnistía Internacional ha denunciado la magnitud de la crisis de Derechos Humanos en la que ha estado sumergida la región de Iberoamérica durante el pasado año.
Este miércoles, el organismo internacional Amnistía Internacional (AI) ha presentado su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, en el que se destaca la combinación de discriminación, violencia, desigualdad, conflicto, inseguridad, pobreza, daños medioambientales y la falta de garantías con respecto a la justicia que se ha vivido durante el año 2015 en todo Iberoamérica.
"A pesar de que la mayoría de los Estados respaldaban y habían ratificado las normas y tratados internacionales, los derechos seguían siendo papel mojado para millones de personas, algo que confirmaba la tendencia regresiva en materia de Derechos Humanos de los últimos dos años".
En el informe se hace referencia la arraigada cultura de impunidad que ha habido en los últimos años en América, algo que facilitaba a los autores de los abusos contra los Derechos Humanos su actuación sin temor a las consecuencias.
"La impunidad se sustentaba con frecuencia en sistemas de seguridad y de justicia débiles, corruptos y sin recursos suficientes, a lo que se sumaba la falta de voluntad política para asegurar su independencia e imparcialidad".
Durante 2015, América Latina y el Caribe albergaban a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos --Brasil, Colombia, México y Venezuela-- se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial. Además, el informe asegura que tan solo 20 de cada 100 homicidios llegan a ser condenados.
La delincuencia violenta en América Latina era especialmente generalizada en El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Por otra parte, los defensores y defensoras de los Derechos Humanos y los activistas que trabajaban para proteger la tierra cada vez están más expuestos a ser víctimas de homicidio, desaparición forzada u otros actos delictivos. En Brasil, decenas de personas murieron en el contexto de los conflictos por la tierra y los recursos naturales.
La inseguridad, violencia y las dificultades económicas en Cetroamérica y México hizo que un número cada vez más alto de personas --en particular menores no acompañados-- a abandonar sus hogares y cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida.
Por países, en el informe se hace alusión a una de las crisis de Derechos Humanos más destacada durante 2015, como lo es en México, donde se produjeron miles de denuncias de torturas y otros malos tratos y donde se recibían noticias de ejecuciones extrajudiciales. Al menos 27.000 personas se mantenían en paradero desconocido al finalizar 2015.
En Venezuela, un año después de las manifestaciones multitudinarias que acabaron con 43 personas muertas y cientos de heridos, nadie había sido declarado culpable de esos delitos ni se habían retirado los cargos contra las personas que fueron detenidas arbitrariamente por las autoridades.
La intolerancia al gobierno de Nicolás Maduro ante la disidencia a menudo dio lugar a que defensores de Derechos Humanos sufrieran amenazas, hostigamiento y agresiones, y las fuerzas de seguridad siguieron recurriendo al uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones.
En Paraguay, la situación de los derechos sexuales y reproductivos, en particular destacar el caso de una niña de 10 años que en 2015 quedó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones presuntamente por su padrastro, tuvo una gran repercusión a nivel internacional, poniendo de relieve la necesidad de revocar la ley contra el aborto de ese país.
El caso de Cuba marca un antes y un después. Durante 2015, el país caribeño estuvo inmerso en una mejora de las relaciones internacionales y por avances como la liberación de presos de conciencia. Aun así, el informe denuncia que las autoridades "sofocaron a la disidencia y siguieron deteniendo arbitrariamente a miles de personas por el simple hecho de manifestar su opinión política".
La construcción de infraestructuras para los Juegos Olímpicos que se celebrarán este año en Río de Janeiro (Brasil) dio lugar a que se desalojara a personas de sus casas, a menudo sin notificación, indemnización económica o reasentamiento adecuados.
En Argentina, las denuncias de tortura no se investigaban, y no se había establecido un sistema de protección de testigos. En Bolivia, la falta de un organismo dependiente para registras e investigar las denuncias de abusos disuadía a las víctimas de tortura de intentar obtener justicia.
Por el contrario, en Colombia se produjeron destacados avances. Las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuaron avanzando significativamente, lo que incrementó las expectativas de que el conflicto armado podría llegar a su fin pronto.
No obstante, durante el año, ambas partes cometieron graves abusos y violaciones de Derechos Humanos, principalmente contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, y defensores de Derechos Humanos.
Las fuerzas de seguridad, los grupos guerrilleros y los paramilitares perpetraron homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y crímenes de violencia sexual, y realizaron amenazas de muerte con una impunidad casi absoluta. Los grupos guerrilleros y los paramilitares siguieron reclutando a menores como combatientes.