MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 91 personas han fallecido por la explosión registrada el viernes en una toma clandestina de un oleoducto de la petrolera estatal mexicana Pemex en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, según un nuevo balance.
La última víctima mortal es un hombre de 28 años de edad, que se encontraba en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas del IMSS, según ha informado la directora de la institución, Fryda Medina, y recoge el diario 'La Jornada'.
El fallecido no logró superar la gravedad de sus lesiones, sobre todo las quemaduras en vías aéreas y riñón, pese a que se le proporcionaron todos los cuidados disponibles, ha añadido.
Además, 50 personas siguen hospitalizadas por el siniestro, ocurrido a raíz de una fuga en la tubería. El despliegue de las fuerzas de seguridad no impidió que cientos de personas de municipios cercanos acudiesen a la zona para recoger el combustible.
Los cuerpos de 56 víctimas de la explosión siguen sin ser identificados y serán trasladados a Ciudad de Pachucha. "Si acaso, se quedará un cuerpo que tiene una identificación del 90 por ciento", ha indicado Ismael Hernández, de la Funeraria el Ángel, que presta sus instalaciones al Servicio Médico Forense de Tula, según ha recogido 'El Sol de México'.
La Fiscalía de México ha indicado este lunes que en los próximos días llamará a declarar a trabajadores encargados de atender la explosión.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido atender a las familias "de manera directa". "Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano, y no hay límites", ha destacado el mandatario este lunes en rueda de prensa.
El Gobierno analizará la situación de más de 80 poblaciones aledañas a los oleoductos con el objetivo de establecer un Plan de Bienestar con el que aspira a dar una "vida digna" a un millón de familias. Al mismo tiempo, también aspira a combatir el robo de combustible.
"Necesitamos el apoyo de los pobladores para ir aislando a los que han hecho de esta actividad ilegal, riesgosa, inhumana, un lucro", ha declarado López Obrador, en alusión a una práctica que le costaría a las arcas públicas mexicanas unos 65.000 millones de pesos (casi 3.000 millones de euros) al año.