BUENOS AIRES, 20 Jun. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
En una sala colmada de militantes de organismos de derechos humanos comenzó hoy en la ciudad argentina de La Plata el juicio contra el ex director de Investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).
La audiencia finalizó después de la lectura de la acusación contra el ex jefe policial, quien se negó a declarar, haciendo uso del derecho que así se lo permite, sin que esto signifique una presunción en su contra, de acuerdo con el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Este es el primer juicio que se sigue contra un ex represor, después de que el Congreso declarara las nulidades de las leyes de "obediencia debida" y "punto final", que habían sido sancionadas durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y que significaron la finalización de los juicios contra cientos de represores.
Cuando el ex jefe policial se disponía a fundamentar los motivos por los que se negaba a prestar declaración, el juez le negó esa posibilidad y dispuso que se suspendiera la audiencia hasta mañana, miércoles, cuando comenzarán los primeros testimonios de víctimas de Etchecolatz.
CONSIGNAS DE PROTESTA
Momentos de tensión se vivieron la sala de audiencias cuando el ex jefe policial pidió permiso a los jueces para salir por unos minutos y en ese instante militantes de la Asociación Hijos comenzaron a cantar consignas en contra del ex policía.
Entonces los jueces advirtieron que de continuar los incidentes ordenarían el desalojo de la sala durante el resto de las audiencias. Debido a los incidentes, Etchecolatz sufrió una ligera indisposición, por lo que fue atendido por los médicos.
"Etchecolatz cumplió órdenes y actuó en una situación jurídica de guerra. No voy a entrar en quién tenía o no razones, eso lo decidirá el juez", afirmó uno de los abogados defensores del ex policía, Luis Eduardo Boffi Carri Pérez, quien explicó que en el juicio argumentará que los delitos de los que se acusa a su cliente ya habían prescrito.
El ex represor ya fue condenado a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos cuando el ex general Ramón Camps era jefe de la policía bonaerense, pero goza de arresto domiciliario debido a que tiene 76 años, un beneficio que se otorga a los mayores de 70 años.