BUENOS AIRES, 22 Mar. (Notimex/Notimérica) -
La larga lucha realizada por los organismos de Derechos Humanos en Argentina ha logrado que, 40 años después del último golpe militar, hayan sido condenados 622 represores que secuestraron, torturaron, asesinaron y he hicieron desaparecer a decenas de miles de víctimas.
Los crímenes cometidos durante la dictadura más sangrienta de Argentina --entre 1976 y 1983--, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, incluyeron el robo de centenares de bebés que nacían en cautiverio y que eran entregados a los asesinos de sus familias o dados en adopciones ilegales a otras familias.
El próximo 24 de marzo se cumplirán 40 años del inicio del golpe militar que dio paso a un gobierno de facto que terminó siete años y medio después y que sumió a Argentina en una de las peores tragedias de su historia.
Desde los primeros años de la dictadura, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo salieron a las comisarías y hospitales a buscar a sus hijos y nietos desaparecidos, y así los organismos se fueron multiplicando.
Se fundaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicios de Paz y Justicia, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y Familiares y Detenidos por Razones Políticas.
A esta lucha por los Derechos Humanos también se sumaron los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y Memoria Abierta, para promover los juicios de lesa humanidad, considerados así para que no preescribieran.
En 1985, el primer gobierno democrático después de dictadura, encabezado por Raúl Alfonsín, tuvo un primer logró cuando se condenaron a las juntas militares que gobernaron el país durante la dictadura.
Sin embargo, la justicia era incompleta porque los miles de cómplices de los dictadores quedaron libres de cargos gracias a la aprobación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas como leyes de impunidad.
En 1989, los condenados fueron indultados, entre ellos estaban algunos de las figuras más tenebrosas de la historia latinoamericana, como Jorge Rafael Videla.
En medio de la indignación, los organismos no se paralizaron y continuaron un trabajo que comenzó a tener éxito a partir de 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, con una política en favor de los Derechos Humanos, que continuaría su esposa Cristina Fernández.
Tras anular las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios por delitos de lesa humanidad. Los juicios avanzaron gracias a que se convirtieron en una política de Estado.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 a 2015 se abrieron 514 causas judiciales en las que quedaron imputadas 2.166 personas.
Hasta ahora, 147 de esas causas ya concluyeron con sentencias de culpabilidad en contra de 622 represores, y 57 absoluciones.
Estos números aumentarían ya que están en marcha 18 juicios orales y públicos que deberán concluir este año, a lo que se suman las 116 causas que se encuentran listas para llegar a instancia de juicio, mientras que otras 233 están en etapa de investigación.
Con respecto a los represores, 883 siguen procesados, a 113 ya se les dictó falta de mérito, 11 fueron sobreseídos y sigue pendiente la situación procesal de 196.
Entre los acusados, 227 murieron impunes mientras se desarrollaban los procesos en su contra, y hay 57 prófugos sobre los que recaen órdenes de captura internacional.