BUENOS AIRES, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Interior argentino, Aníbal Fernández, aseguró este martes que el debate sobre la nueva Ley de Medios Audiovisuales no está "perdido", al tiempo que aclaró que el Gobierno apelará cada una de las objeciones judiciales presentadas a la norma que tildó de "muy groseras".
"No perdimos acá; estamos hablando de discutir una norma que nadie dijo que iba a ser fácil discutir, estamos hablando de un monopolio que ha sido prácticamente el que nos decía cómo teníamos que pensar y por dónde caminar", dijo el jefe del gabinete ministerial.
En este sentido, Fernández indicó que se trata de una medida muy controvertida porque su objetivo es acabar con los monopolios audiovisuales que han dominado el sector durante todos estos años y que se han aprovechado de la normativa vigente en la dictadura del comandante Jorge Videla (1976-1983).
"El objetivo es sostener una normativa altamente positiva, que va en contra de los monopolios; no esperemos que los monopolios que toda la vida hicieron lo que se les antojó y dijeron cómo teníamos que pensar y actuar acaten esto mansamente", argumentó el ministro.
Fernández advirtió de que "pretender que todo sea por unanimidad es prácticamente imposible en estos casos" porque se está hablando de "definiciones muy fuertes y de la posibilidad de democratizar los medios y garantizar que no haya ningún monopolio".
En este contexto, el político argentino pronosticó que los grandes grupos de comunicación "tratarán de defenderse utilizando todo tipo de artilugios y artimañas" con el propósito de evitar el fin de los monopolios audiovisuales, eje central de la ley sancionada este año por el Congreso.
JUSTICIA DICTA MEDIDAS CAUTELARES
El titular de Interior se refirió a las medidas cautelares dictadas por la Justicia argentina en los últimos días y que impiden la aplicación de la ley hasta que se alcance una sentencia definitiva o hasta que sean revocados los fallos de dictados por los jueces federales.
Hasta el momento tres jueces han presentado objeciones a la norma, dos de ellos a petición del grupo de comunicación argentino Clarín --que sería uno de los más afectados por la nueva legislación-- y de una organización de consumidores y el tercero por supuestas irregularidades en el trámite de su aprobación en el Congreso, el pasado 10 de octubre.
"Esas medidas son para analizar y prestar atención en qué marco se desarrollan; serán debidamente apeladas con una estrategia de defender una norma que propone un cambio profundo para los argentinos", insistió.
El jefe de gabinete señaló que "hay elementos de sobra para discutir (la norma) en la justicia" y aseguró que el Gobierno analizará "cada una" de las medidas para ver cuáles tienen "efecto suspensivo".
Fernández comentó que algunas de las objeciones fueron realizadas "fuera de jurisdicción" y calificó de "muy groseras" a otras de las críticas realizadas, en lo que definió como su "análisis personal" desde su experiencia profesional como abogado.