BUENOS AIRES, 16 Ene. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El juez federal argentino Norberto Oyarbide pidió hoy también la captura internacional de la ex presidenta de este país María Estela Martínez de Perón (1974-1976) en una causa en la que investiga la actuación de la Triple A, una organización policial que al amparo del Estado se dedicó a perseguir y asesinar a militantes de izquierda en la década de los setenta.
Oyarbide es el segundo juez que ordena el arresto de la viuda de Perón, después de que la semana pasada el también juez federal Héctor Acosta, de la provincia de Mendoza, la acusara por la desaparición de un hombre y la detención de un menor en febrero de 1976, un mes antes de que fuera derrocada.
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dejó en libertad provisional a Martínez de Perón, de 75 años, con el compromiso de que deberá presentarse en el juzgado cada 15 días.
La orden de captura emitida por Oyarbide se suma así a la de Acosta y lo más probable es que se celebre un juicio de extradición en el que se discutan los dos requerimientos, ya que la viuda de Perón, que vive en España desde hace más de 20 años, se negó a viajar a Argentina.
Oyarbide procesó a Martínez de Perón y ordenó su captura, tal como lo adelantó esta mañana al dialogar con periodistas en la puerta de su domicilio. El juez tomó su decisión después de haber escuchado hoy el testimonio del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Duhalde fue citado porque, en su carácter de miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, tomó declaración en 1983 al ex oficial de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, quien relató cómo funcionaba la Triple A.
A la viuda de Perón se la acusa de dos delitos concretos: por su presunta participación en la reunión en la que se decidió asesinar a Julio Troxler, subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, así como por haber autorizado supuestamente la compra de armas que habrían sido destinadas a abastecer a la Triple A.
Diversos organismos de derechos humanos estimaron en más de 1.000 las víctimas de la organización, una banda parapolicial que creció al amparo del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, el hombre fuerte del gobierno de la viuda de Perón.