BUENOS AIRES, 9 Ago. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó esta mañana que renunció a su cargo un funcionario del gobierno del presidente Néstor Kirchner involucrado en el escándalo del hallazgo de una maleta con 800.000 dólares (unos 584.000 euros) que pertenecía a un empresario venezolano que el sábado pasado llegó a Buenos Aires.
En declaraciones al canal de televisión Todo Noticias, Fernández confirmó que fue aceptada la renuncia de Claudio Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, que depende del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
Uberti viajaba en el avión que el sábado llegó al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, y en el que viajaba Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario venezolano de 46 años de edad, radicado en Miami y a quien se le secuestraron 800.000 dólares (unos 584.000 euros).
Según la prensa local, el avión en el que llegó Antonini Wilson había sido alquilado por Enarsa, la empresa estatal de energía creada por el gobierno del presidente Néstor Kirchner. El propio titular de la compañía, Exequiel Espinosa, también viajaba en el aparato.
Otros de los ocupantes del avión alquilado a una compañía de taxis aéreos eran una empleada de Enarsa y cuatro ejecutivos de PVDSA, la poderosa empresa petrolera del gobierno venezolano. El vuelo llegó a Buenos Aires procedente de Caracas.
Una fiscal del fuero penal económico inició una investigación por el posible delito de contrabando. El dinero encontrado por los efectivos de la Aduana fue incautado y depositado en una cuenta del oficial Banco Nación.
Este es el tercer escándalo que involucra a funcionarios del gobierno del presidente Kirchner en posibles hechos de corrupción. El antecedente más reciente es el de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien renunció a su cargo después de que se descubriera una bolsa con dinero en su baño privado.
El otro antecedente es el del llamado caso Skanska, por el cual se investiga el supuesto pago de sobornos de la empresa sueca del mismo nombre para que se le adjudicaran obras para ampliar una red de gasoductos. Por ese caso renunciaron dos funcionarios del gobierno.
El gobierno había guardado silencio sobre el hallazgo del dinero hasta la tarde del miércoles, cuando admitió que funcionarios oficiales viajaban con el empresario venezolano a quien la Aduana le había secuestrado el dinero.
El Código Aduanero establece que el ingreso a la Argentina de un monto superior a 10.000 dólares (7.300 euros) debe ser declarado a las autoridades.