28 de julio de 2006

Argentina.- El tribunal confirma que procesará al ex dictador Videla como responsable del Plan Condor

BUENOS AIRES, 28 Jul. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

La Cámara Federal en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires confirmó hoy los futuros procesamientos del ex dictador Jorge Rafael Videla y de otros jerarcas militares acusados de haber sido responsables del llamado Plan Cóndor, el operativo de represión coordinada entre los ejércitos de América del Sur que se llevó a cabo durante la década de los setenta.

Videla y otros ex jefes militares de la dictadura (1976-1983) están procesados por los delitos de de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada, entre otras imputaciones, según informaron fuentes jurídicas.

El ex dictador cumple actualmente arresto domiciliario en su domicilio del barrio de Palermo, en Buenos Aires, tras haber sido procesado por encabezar supuestamente un plan para secuestrar a los hijos de los desaparecidos nacidos en los centros clandestinos de detención de la dictadura.

La confirmación de los procesamientos alcanzó, además de Videla, a los ex generales Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros.

MILITARES Y CARGOS PÚBLICOS

La Sala Primera de la Cámara Federal confirmó también los procesamientos de los ex militares Antonio Vañek, Bernardo José Menéndez, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Jorge Olivera Rovere, Carlos Tragant, Eugenio Guañabes Perelló y Ernesto Alais.

Harguindeguy fue ministro del Interior durante la dictadura, mientras que Bussi ejerció de gobernador de la provincia de Tucumán. Por su parte, Luciano Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Riveros ocupó el cargo de jefe del Primer Cuerpo de Ejército, mientras que Alais fue el responsable de reprimir el levantamiento militar que se registró durante la Semana Santa de 1997.

El Plan Cóndor fue llevado adelante por los ejércitos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia para coordinar la represión, más allá de sus fronteras, de militantes sindicales, dirigentes políticos y miembros de organizaciones armadas guerrilleras.