SAN JOSÉ, 4 Sep. (EP/AP) -
Un grupo de 200 organizaciones no gubernamentales internacionales impulsan en Costa Rica un tratado que prohíba el uso de bombas de racimo, para el que ya cuentan con el apoyo de 13 naciones latinoamericanas, aunque falta la incorporación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Brasil y Uruguay.
El coordinador de la Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC), Thomas Nash, explicó ayer en rueda de prensa que la iniciativa fue lanzada en febrero por 46 naciones en Oslo, Noruega, con el fin de prohibir para 2008 este tipo de bombas "inaceptables desde el punto de vista humanitario".
Las bombas de racimo son dispositivos explosivos o incendiarios contenidos en un misil o pieza de artillería que luego estalla en el aire y libera entre 10 y 400 pequeñas bombas. Al ser usadas en áreas pobladas, un porcentaje de la munición no estalla (entre el 10 y el 30 por ciento) y permanece latente durante años con el evidente riesgo para los civiles.
Costa Rica y Perú propusieron que Latinoamérica se convierta en la primera región del mundo libre de este tipo de municiones, pero para lograrlo deben sumar a las cinco naciones que no son parte. Según Nash, hay señales muy positivas por parte de los centroamericanos, pero admitió que no es así en el caso de Brasil que "aparentemente no quiere asociarse el proceso".
Nash señaló que Brasil considera que "éste no es el foro adecuado" para tratar este asunto y debería ser discutido en Ginebra. Sin embargo, Nash denunció que el problema es que Brasil produce ese tipo de armamento y "quieren mantener esa producción".
No obstante, Luis Cordero, de la Fundación Arias para la Paz, y Cristian Wittman, representante brasileño de CMC, destacaron que delegados de Brasil participarán en la conferencia internacional que comienza hoy.
"Tenemos la esperanza de que Brasil use su presencia aquí para comprometerse al proceso y así la región podrá estar unida y servir de ejemplo al resto del mundo", dijo Wittman.
A la cita en San José que terminará el miércoles, asistirán delegados de 17 gobiernos latinoamericanos --con la excepción de Cuba--, miembros de ONG y representantes de la comunidad internacional como Cruz Roja y Naciones Unidas.
"El objetivo es que las naciones que faltan hagan una declaración oficial de apoyo al proceso de Oslo y además, que los países que tienen 'stocks' de bombas de racimo, también emitan una declaración oficial sobre las medidas que tomarán sobre esas municiones", dijo Nash, quien precisó que en la segunda cuestión se refiere a Brasil, Argentina, Chile, Honduras y Perú.