MANAGUA, 9 Mar. (Notimérica) -
Nicaragua se encuentra conmocionada desde que el pasado 20 de febrero se conociese que habían hallado en el fondo de un pozo el cadáver de una niña de 12 años, Yesbeling Espinoza Calero, en la comunidad de Los Llanos, del departamento de Estelí.
La niña había desaparecido el pasado 24 de noviembre y cuando fue encontrada tenía las manos atadas, tras haber sido violada y asesinada a "machetazos". La Policía de Nicaragua señala como responsables a Rommel Jiménez Ponce, de 27 años, y a su sobrino, Yorbin Calderón Jiménez, de 22, informa la prensa local.
Supuestamente, la secuestraron, la violaron y la golpearon con un machete en la cabeza para después atarle las manos con alambres y lanzarla al pozo.
Dos días después, el 22 de febrero, Amnistía Internacional (AI) presentó su 'Informe Anual 2017/2018', señalando que el año pasado los homicidios a mujeres en Nicaragua "habían sido más brutales que en años anteriores", anotando la cifra de 55 asesinatos en un país de poco más de seis millones de habitantes.
El texto también señalaba cómo el pasado mes de junio la Asamblea Nacional aprobó una enmienda dirigida a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que reducía el concepto de feminicidio a la esfera privada.
Esta situación no ha dejado indiferente a la población, que señaló que esa nueva definición "negaba la realidad de los feminicidios" y que "también se cometían en espacios públicos".
Además, la indignación de los colectivos feministas aumentó cuando la primera dama, Rosario Murillo, sostuvo recientemente que Nicaragua "está en el primer lugar en Centroamérica" por tener la cifra de feminicidios más baja de la región en comparación con Guatemala, Honduras o El Salvador. La cifra que señalaba como referencia eran los 322 casos que se habían documentado entre 2012 y 2016.
"El Estado quiere invisibilizar esta problemática. Quiere tapar que no es grave y no quiere hacerse cargo de la familia y los huérfanos que deja la violencia machista. Hay impunidad, permisividad al no perseguir a los feminicidas", afirmó la asesora de políticas públicas de Ipas Centroamérica, Mayte Ochoa.