LA PAZ, 30 Mar. (Reuters/EP) -
La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) expresó este martes su "perplejidad e indignación" por las acusaciones de corrupción presentadas por la Fiscalía contra el cardenal Julio Terrazas por haber recibido unos 16.000 dólares (11.934 euros) procedentes de la partida de 'gastos reservados' de los Presupuestos Generales del Estado en anteriores legislaturas.
A través de un comunicado publicado en medios locales, la CEB rechazó las acusaciones del fiscal del departamento de Santa Cruz, en el este del país, donde reside el prelado, basándose en la palabra de Terrazas quien negó categóricamente haber recibido dinero público de algún Gobierno.
"A nombre del señor cardenal, luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero de parte de ningún Gobierno", reza el documento.
A pesar de que la cúpula de la Iglesia Católica boliviana evitó acusar directamente al Gobierno de ordenar las investigaciones contra el cardenal y se limitó a condenar una "manipulación de datos", el eclesiástico denunció un supuesto "abuso de poder" por parte de la administración, apoyando así las tesis de la oposición conservadora del país.
El nombre de Terrazas salió a la luz pública junto al del ex defensor del pueblo y ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, en una lista de presuntos beneficiarios de una malversación de fondos públicos durante los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer (1997-2001), divulgada el lunes por el fiscal Félix Peralta.
En su caso, Albarracín reconoció que durante su periodo al frente de la Asamblea de Derechos Humanos diversos gobiernos autorizaron el pago de indemnizaciones a víctimas de la represión política "en presencia o a través" de dicha organización.
"El que nada tiene nada teme. Me voy a presentar delante del fiscal Peralta y le presentaré mis descargos sobre estos dineros antes que me cite a declarar", dijo Albarracín, que en estos momentos se encuentra inmerso en una campaña para ser reelegido como Defensor del Pueblo.
Estas denuncias de malversación de fondos públicos coinciden con la semana en la que debe ser aprobada una nueva ley contra la corrupción que establece retroactividad e imprescriptibilidad de delitos. Esta normativa se suma a iniciativas anteriores del presidente, Evo Morales, quien ya anuló la partida de 'gastos reservados' a su llegada al Gobierno en 2006.