LA PAZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno del presidente boliviano Evo Morales ha pedido a la ONU formar parte de la comisión internacional que se encargará de investigar las supuestas represiones policiales ocurridas el pasado domingo contra un grupo de indígenas que emprendieron hace más de 40 días una marcha hacia La Paz en protesta por la construcción de una carretera.
El Ejecutivo ha enviado este martes una "comunicación formal" a la ONU para que envíe a un grupo de delegados que, junto a la ministra anticorrupción, Nardy Suxoy, y un representante de la Defensoría del Pueblo, trabajen en la comisión de alto nivel que se encargará de esclarecer los hechos.
La comisión deberá investigar las acciones contra los indígenas que se manifestaban cerca del municipio de Yucumo, en el departamento de Beni (norte), y a quienes se habría tratado peor que los criminales, ha explicado el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en declaraciones a la prensa.
El Gobierno sostiene que el ahora exviceministro boliviano del Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, fue quien ordenó la intervención de los uniformados en la marcha de los nativos, lo que provocó que este martes presentara su dimisión para someterse a una investigación.
Farfán es el segundo funcionario del Gobierno de Evo Morales que presenta su dimisión en menos de 24 horas. El lunes, María Cecilia Chacón sorprendió a la opinión pública al abandonar su cargo como ministra de Defensa tras condenar las acciones policiales contra los nativos.
Unos 1.500 nativos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) comenzaron hace más de 40 días una marcha hacia La Paz en protesta por la construcción del segundo tramo de la carretera de Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (Beni) que, según ellos, podría tener efectos medioambientales negativos.
Los indígenas han denunciado a través de diferentes medios de comunicación y mediante sus dirigentes los abusos de los que fueron víctimas durante la supuesta represión policial cerca de Yucuma. Según sus datos, un bebé de tres meses murió a causa de la inhalación de los gases lacrimógenos, versión que ha sido rechazada el Gobierno.
La presión de las comunidades indígenas ha obligado a Morales a suspender el proyecto --que estaba en manos de una empresa brasileña-- y crear una Comisión de Alto Nivel --integrada por expertos nacionales e internacionales-- para investigar los enfrentamientos del domingo.