Los trabajadores niegan que vayan a retirar las acusaciones, el gerente financiero recuerda que necesitan aún los fondos para comprar
LA PAZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) firmó ayer una carta de buenas intenciones para la compra de las acciones de la aerolínea propiedad del presidente de la empresa, Ernesto Asbún, a cambio de "congelar" los procesos legales que los pilotos iniciaron en su contra por un supuesto delito de retención de las aportaciones de los trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Este documento también plantea la conformación de un nuevo directorio interino que trabajará con el actual gerente financiero de la línea aérea boliviana, Carlos de Marchi, hasta que se concrete la transacción de las acciones.
Según el portavoz de los trabajadores del LAB, Fernando Machicado, las cláusulas del convenio determinan que, durante el periodo transitorio, que podría durar varios meses, se detengan los procesos que enfrenta Asbún. Sin embargo, puntualizó Machicado, de ninguna manera se retirarán las acusaciones contra Asbún.
El directivo de los pilotos, Mario Ichazo, apuntó que el representante de la comisión negociadora, Marcelo Zabálaga, será investido gerente general interino del LAB. "Ante la falta de compromiso del Gobierno, hemos decidido asumir la responsabilidad de salvar a la empresa mediante una compra para la cual necesitamos el aval del Ejecutivo", indicó Ichazo.
"Con un gerente por parte de la empresa podremos iniciar una etapa de reactivación para recuperar las rutas internacionales que generan más fondos", agregó, adelantando que, una vez efectuada la compra, los trabajadores replantearán la deuda de 180 millones de dólares. No obstante, advirtió, los trabajadores pagarán solamente los compromisos que le corresponden a la empresa y no la deuda de Asbún.
POSIBLE AVAL DEL GOBIERNO
De Marchi explicó que se tiene previsto realizar un primer pago de 500.000 dólares y que el resto deberá ser abonado en 45 días a partir del primer depósito. Durante este tiempo, las acciones de Asbún quedarán en fideicomiso para garantía de los trabajadores.
Sin embargo, De Marchi advirtió de que el documento es un compromiso que puede romperse si los trabajadores no consiguen los fondos para la compra de las acciones en un tiempo prudente. "Podemos esperar, pero no indefinidamente; además, tenemos otra propuesta con un segundo grupo de trabajadores y si estos consiguen pagar los 1,5 millones de dólares antes que el primer grupo, nosotros vamos a vender las acciones", indicó.
Al respecto, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, (institución facilitadora para el acuerdo), Humberto Vargas, señaló que la solución para la crisis del LAB está en manos del Gobierno, que debe otorgar el aval que necesitan los trabajadores para lograr la compra mediante financiamiento de instituciones como Nafibo, que desembolsa recursos por el valor de las acciones a futuro.
Por su parte, el presidente de la República, Evo Morales, recalcó, en una rueda de prensa en Cochabamba, que el Gobierno no otorgará créditos ni financiamiento para la compra del LAB, aunque se pronunció sobre la posibilidad de avalar a los trabajadores frente a las financieras.
AUDITORIAS PARA BUSCAR CULPABLES
El superintendente de Transporte, Wilson Villarroel, anunció que la auditoría legal sobre el manejo económico del Lloyd Aéreo Boliviano está a punto de finalizar. Este estudio comprende un informe completo de las actividades de la compañía desde el momento de su capitalización.
"Con la auditoría podemos establecer, además de los malos manejos administrativos, si existieron delitos y el grado de responsabilidades de las autoridades que estuvieron en ejercicio cuando se permitieron las irregularidades. Los que estén implicados, ya sean ex superintedentes, ministros, gerentes, ejecutivos o trabajadores de la compañía, serán juzgados de acuerdo con las normas establecidas", explicó Villarroel.
Por otro lado, expresó su beneplácito frente al acuerdo logrado entre trabajadores y los directivos del LAB. "Al tratarse de un conflicto de una empresa privada, después de reanudar el servicio de transporte, el Gobierno dejó que la parte patronal y laboral solucionen sus diferencias independientemente de la responsabilidad y los grados de culpa que exista en uno de los sectores. La actuación del Ejecutivo fue responsable en todo momento", apuntó.