Las organizaciones no piden que se frenen las patentes, sino remunerar a estos pueblos por usar sus conocimientos tradicionales
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La concesión de patentes de productos de uso tradicional y las críticas a la apropiación ilegítima de los conocimientos tradicionales de pueblosa indígenas fueron uno de los ejes de los debates que se están llevando a cabo esta semana en el marco de la VIII Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8), en la ciudad brasileña de Curitiba (sur), y que se clausura este viernes.
En una covertura especial de este encuentro realizado por 'IPS News', se destaca que la 'chispa' que dio comienzo a estas críticas fue la concesión de dos patentes a empresas de Estados Unidos para la explotación de la maca, una planta de uso indígena, sin tener que realizar el pago de ninguna remuneración a la población indígena que descubrió los principios activos de esta sustancia.
De esta forma, la abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Medioambiental, Isabel Lapeña, indicó que una de las patentes fue concedida a un producto que eleva los niveles de testosterona, de forma que las empresas que lo patentaron "no descubrieron nada, sino que aprovecharon el conocimiento indígena y campesino de este vegetal para convertirlo en una 'viagra natural'", apuntó.
Al mismo tiempo, advirtió que esta acción provocó una serie de protestas dirigidas por grupo formado por campesinos y científicos, con el fin de investigar la forma en que estas patentes se han concedido en Estados Unidos y Europa en relación con la maca y buscar alguna forma de impugnarlas.
ACCIONES CONTRA LAS PATENTES
Por este motivo surgió hace dos años la Comisión Nacional para la Protección de la Biodiversidad y de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas en Perú, con la que se pretende extender los movimientos de protesta a otros países a través de la Iniciativa para la Prevención de la Biopiratería.
Lapeña aseguró que este proyecto cuenta, en la actualidad, con instituciones asociadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, con la idea de "combatir los fraudes no sólo en la maca, sino también en otros productos como el cupuaçú, --derivado del cacao, con el que se realizan golosinas-- que una empresa japonesa intentó patentar, pero que fue bloqueado por la legislación".
Por su parte, la empresa estadounidense ZymoGenetics solicitó, a su vez, la patente de la planta sapo kambó, también conocida como 'vacuna del sapo', que ha sido utilizada tradicionalmente por pueblos indígenas para curar diversas enfermedades como la isquemia.
En este sentido, el presidente de la ONG Amazonlink, Michael Schmidlehner indicó que no es su intención anular las patentes, sino poner de manifiesto que "para usar conocimientos tradicionales se necesita un consentimiento previo y un reparto de beneficios".
Asimismo, el representante de uno de los pueblos donde se utiliza esta planta, Manuel Roque, advirtió de que este modo de actuar "es un robo", porque esta planta "es propiedad de los que hacen uso de ella históricamente con usos medicinales".
RED ANTIBIOPIRATERIA
Con motivo de estas solicitudes de patentes, la Iniciativa para la Prevención de la Biopiratería decidió ampliar la red de organizaciones que luchan por esta causa, para estimular las investigaciones, difundir informaciones e incluso llegar a las instituciones que tratan asuntos relacionados con patentes, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Así, el representante del Instituto Socioambiental brasileño, Henry Novion, señaló que en la mayor parte de las solicitudes de patentes solicitadas en Brasil "no se indica cual es el origen del material genético a partir del cual se basó el producto".
Precisamente, uno de los debates más polémicos de la Conferencia que está teniendo lugar en Curitiba está siendo el del acceso a los recursos genéticos y al reparto de los beneficios entre los indígenas y las comunidades locales.
En estas discusiones se propuso que se aprobara un Convenio Internacional que asuma la regulación de esta cuestiones, mediante el establecimiento de mecanismos para que "los poseedores de conocimientos tradicionales tengan una justa participación en los beneficios, monetarios o no".