"La desconsideración y la codicia de los promotores de este modelo de desarrollo atentan contra la naturaleza y contra la sociedad"
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La compañía finlandesa fabricante de pasta para papel Veracel Celulose fue multada por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) a finales del pasado mes de diciembre, acusada de "crimen ambiental" y de "impedir o dificultar la regeneración natural de bosques de la denominada 'Mata Atlántica' brasileña en 1.200 hectáreas, agravando aún más la situación de este bioclima".
Utilizando imágenes de satélite y geoprocesamiento, las autoridades ambientales verificaron irregularidades en la empresa de celulosa y la multaron con 320.000 dólares (260.000 euros). "Este hecho desenmascara una vez más la farsa de Veracel y su discurso protector de la Mata Atlántica", señalaron los ecologistas tras conocer la noticia.
Durante años, ONG del Extremo Sur de Bahía vienen denunciando y exigiendo que los organismos, federal y estatal, responsables por el Medio Ambiente --IBAMA y CRA--, "cumplan con su papel e investiguen las diversas irregularidades ambientales cometidas por esta empresa, asociada con la compañía brasileña Aracruz y la empresa sueco-finlandesa Stora Enso para la plantación de eucaliptus.
Veracel Celulose, anteriormente denominada Veracruz Florestal, cuenta en su expediente con diversas denuncias ambientales, como la acción civil pública interpuesta contra la compañía en abril de 1993, y presentada por diversas entidades, como Greenpeace, el Grupo Ambientalista de Bahía (GAMBA) y el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía (CEPEDES), que lograron filmar cómo la empresa destruyó zonas de la Mata Atlántica en niveles medio y avanzado de regeneración, mediante el uso de cadenas, tractores e incendios a gran escala.
Todo ello supone una violación del Artículo Número 1 del Decreto 750 del mes de febrero de 1993, que reza: "Se prohíben el corte, la explotación y la supresión de vegetación primaria o en niveles avanzados y medios de regeneración de la Mata Atlántica"
DEFENSA DE LA EMPRESA
"Respetar el Medio Ambiente, generar empleo e ingresos, promover la mejora de la calidad de vida de la población y permitir la rentabilidad de los accionistas siguiendo principios de sostenibilidad, son algunos de los compromisos de este proyecto", anuncia la empresa en su página web.
Según datos del IBAMA, 383 especies de fauna amenazadas de extinción pertenecen a la Mata Atlántica y de éstas, 125 especies corren el riesgo de desaparecer. En el Extremo Sur la situación es más grave porque el monocultivo de eucaliptos utiliza grandes extensiones de tierras planas, dejando apenas algunas islas de áreas escarpadas para "refugio" de la fauna silvestre.
Muchas especies no viven y no están adaptadas a zonas de relieve accidentado, por lo que se están siendo extinguidas localmente, especialmente las especies endémicas y raras. Para empeorar las cosas, no hay conectividad entre las islas de vegetación nativa, inmersas en el mar de eucaliptos. "La plantación de eucaliptos no representa un corredor ecológico, porque como ya se sabe las especies no atraviesan ni utilizan la plantación", señalan los ecologistas.
A su juicio, y en nombre del 'desarrollo' de la región, "se está destruyendo el patrimonio biológico que resta de la Mata Atlántica, causando la indignación y protestas de la sociedad civil organizada".
"La desconsideración y la codicia de los promotores de este modelo de desarrollo, Gobierno y empresarios, promueven crímenes que atentan contra la naturaleza y contra la sociedad, robándole a las generaciones venideras el derecho a la biodiversidad, a la belleza del paisaje y a la calidad de vida, en favor del enriquecimiento de algunos grupos y personas", alertan.
Otra cuestión preocupante tiene que ver con el cumplimento por parte de la empresa de todas las condiciones elaboradas y establecidas por los organismos que otorgan el permiso para la plantación de eucaliptos y la construcción de las fábricas, teniendo en cuenta los diversos impactos causados por el proyecto.
Aunque estas pautas se dan, "después los organismos no hacen la fiscalización y seguimiento que correspondería, pues, como admiten, no tienen la capacidad técnica necesaria para hacer un seguimiento". "Frente a esto, las empresas aprovechan para cometer abusos porque saben de esta deficiencia por parte de los gobierno", añaden.
La investigación de las comunidades del entorno de la fábrica de Veracel, realizada durante la construcción de la fábrica, permitió a a CEPEDES detectar que en ningún momento la empresa contrató como mano de obra a los habitantes de estas comunidades, como prometió inicialmente.
La empresa, con dinero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)), construyó alojamientos en las ciudades y distritos próximos --como Itagimirim, Itapebi y Barrolandia-- y trajo trabajadores de otras regiones del país. Después de que la fábrica quedara concluida muchos volvieron a sus regiones de origen y otros se quedaron, aunque la situación de paro acabó provocando más desempleo, miseria y violencia.
Este episodio, --denuncia CEPEDES en un aun artículo de reciente publicación en el Boletín del WRM--, demuestra, sobre todo, que el discurso ecologista de la empresa "es muy diferente de su práctica". "Podemos afirmar, gracias a lo vivido en estos casi catorce años, que la única consideración verídica por parte de la empresa es la que tiene que ver con permitir la rentabilidad de sus accionistas, que se puede verificar en el hecho de que sus ganancias son cada vez mayores", concluyen.