SAN SALVADOR, 9 Jun. (Notimérica) -
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. Solo en 2015 se registraron más de 6.600 homicidios, superando a otros como Guatemala u Honduras, considerado habitualmente como el país sin conflicto armado más peligroso del mundo.
Pero pocos asesinatos conmovieron tanto al país --y al mundo-- como el ocurrido el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño ingresó en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) y asesinó a seis jesuitas --cinco españoles y uno de El Salvador-- y dos mujeres, entre ellas una niña de 16 años.
El atroz crimen fue bautizado como el 'Caso Ellacuría', en referencia al jesuita español nacionalizado salvadoreño Ignacio Ellacuría, una de las víctimas.
Las otras víctimas fueron los jesuitas Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, además de la empleada del centro Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, que contemplaban la dramática escena.
El grupo religioso trabajaba en El Salvador luchando por la paz, el diálogo y la pobreza, cuando los militares --a las órdenes del coronel René Emilio Ponce durante el gobierno de Alfredo Cristiani (1989/94)-- acabaron con sus vidas.
El motivo: la sospecha de sostener la Teología de la Liberación y de ser posibles aliados de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), grupo que participó en la guerra civil salvadoreña (1980/92) contra el gobierno militar de la época.
REACCIÓN ESPAÑOLA
Veintisiete años después, la justicia salvadoreña no ha esclarecido el caso, llegando incluso a aprobar en 1993 la Ley de Amnistía General de El Salvador que protege a los involucrados en delitos durante el conflicto armado.
Por ello, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco envió a comienzos de este año una petición a Interpol para la captura de cuatro de los militares implicados, además de solicitar de nuevo en marzo a El Salvador la extradición de los mismos.
La reacción (negativa) del Gobierno centroamericano no ha tardado en llegar, y actualmente 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia están estudiando un borrador para rechazar la petición de extradición formulada por España.
Ya en 2011, el Gobierno de España solicitó la extradición de 15 militares --13 salvadoreños y dos estadounidenses-- sospechosos de participar en la masacre.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que el requerimiento se refería únicamente a un aviso de localización, por lo que desechó la petición de captura y la extradición.
La demanda actual del Gobierno español reclama la extradición para su enjuiciamiento en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado asesinar a los sacerdotes; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.