SANTIAGO, 25 Abr. (De la corresponsal de Europa Press Claudia Riquelme) -
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile exigió hoy al Gobierno de Michelle Bachelet que se determinen las responsabilidades políticas de todas las autoridades involucradas en el error de identificación de al menos 48 restos óseos de detenidos desaparecidos que fueron descubiertos en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
La semana pasada, el Servicio Médico Legal reconoció que hubo errores de procedimiento en la identificación tanatológica de los restos de al menos 48 de los 81 cadáveres que fueron encontrados al término de la dictadura de Augusto Pinochet, como ocurrió con otros cientos de víctimas de este periodo.
El pasado domingo, Bachelet anunció la creación de una comisión para esclarecer el caso, la asignación de recursos especiales y la adquisición de la tecnología más moderna para el proceso, que estará a cargo de la asistente social Maria Luisa Sepúlveda, experta en temas de derechos humanos.
La presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, aseguró que son responsables de estos errores los ministros de Justicia del Gobierno de Ricardo Lagos, Luis Bates y José Antonio Gómez, quienes "no tomaron medidas", según la dirigente, quien además les acusó de haber tenido antecedentes sobre este tipo de fallos.
"A nosotros nos parece que hay responsabilidades políticas, además del equipo que identificó y de los directores del Servicio Médico Legal y de otras autoridades, en torno a no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo", señaló la presidenta de la AFDD.
Entre los errores, se cuenta con un informe de la Universidad de Glasgow (Escocia), que en 1995 los detectó, pero fueron ocultados por el Servicio Médico Legal. Estos hechos obligaron a La Moneda a ordenar un sumario interno en el servicio estatal, a cargo del cual estará la fiscal Constanza Collarte, jefa del departamento jurídico del Ministerio de Justicia.