20 de noviembre de 2006

Chile.- El Gobierno chileno apoya la conservación de archivos de la Iglesia sobre víctimas de la dictadura

SANTIAGO, 20 Nov. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -

El Gobierno chileno expresó hoy su apoyo a la conservación institucional de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, dependiente de la Iglesia Católica, que conserva informaciones sobre 45.000 víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según confirmaron hoy fuentes de La Moneda.

Dichos archivos, que muchas veces estuvieron en peligro debido a que la dictadura intentó incautarlos para destruirlos, han permitido esclarecer gran parte de los casos de arrestos, secuestros, torturas y asesinatos que han podido llegar a los tribunales de justicia.

El apoyo del Poder Ejecutivo fue conocido después de que el Senado enviara a La Moneda un proyecto de acuerdo para establecer las medidas judiciales y administrativas que permitan conservar los archivos de la Vicaría como patrimonio de la nación.

La secretaria general de Gobierno, Paulina Veloso, respondió a los senadores que la Administración estatal "está plenamente disponible para apoyar a dicha Fundación por los mecanismos jurídicos que Chile establece, según un comunicado difundido hoy.

El Senado busca que dichos archivos sean custodiados y mantenidos por las autoridades "como un testimonio histórico de incalculable valor y un legado para las futuras generaciones de chilenos".

La Vicaría de la Solidaridad fue creada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez. En un momento en que los opositores al régimen no tenían posibilidad alguna de expresarse ni de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el organismo prestó asistencia legal, social y humanitaria a las víctimas.

Una vez recuperada la democracia, la Vicaría cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1992, año en que se creó la Fundación Vicaría de la Solidaridad, en cuyo poder quedaron expedientes judiciales y otros escritos relativos a procesos por delitos políticos, recursos de amparo y de protección a favor de los detenidos, expulsados del país, relegados y desaparecidos, respecto de los cuales, en muchos casos, no hay copias.