SANTIAGO, 14 Sep. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
Tres familias de detenidos desaparecidos presentaron hoy una demanda contra el Estado de Chile por 1.000 millones de pesos (1,36 millones de euros) al acusar a las autoridades de haber cometido errores en la identificación de sus parientes.
Los demandantes pertenecen al grupo de familiares de los detenidos desaparecidos cuyos restos óseos fueron encontrados en la década de los noventa en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, proceso que, más de una década después, fue comprobado como erróneo. Las pericias de la identificación fueron realizadas por el estatal Servicio Médico Legal.
La demanda fue presentada por los familiares de Luis Dávila, Javier Sobarzo y Enrique Toledo, cuyas viudas e hijos decidieron recurrir a la justicia, representados por la abogada Julia Urquieta.
Ésta explicó que las familias recibieron los cuerpos, celebraron los funerales, enterraron los cadáveres. Años después, fueron informados de que los que creían sus parientes fallecidos durante la dictadura eran en realidad personas desconocidas.
"Eso ha significado en el caso de muchos de ellos un tremendo dolor ya que hay familiares que están tremendamente afectados por esta situación. Es por ello que nosotros creemos que el Estado debe reparar el daño causado", manifestó Urquieta.