CIUDAD DE MÉXICO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, ha lamentado este domingo la decisión del Gobierno de México de no prolongar la estancia en el país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso Ayotzinapa.
Cavallaro ha reclamado a las autoridades del país norteamericano que apliquen las recomendaciones del organismo, agregando que debería continuar en México ya que su objetivo, que es localizar a los 43 estudiantes desaparecidos, no ha sido cumplido, según ha informado el diario local 'La Jornada'.
Asimismo, ha asegurado que la CIDH analizará "con mucho cuidado" el último informe del GIEI, que revela la continua obstrucción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los expertos internacionales dijeron este domingo al presentar el que será su último informe --pues el próximo día 30 se marcharán de México-- que no han logrado establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en México debido en gran medida, a las fallas y demoras de la fiscalía que lleva el caso.
El GIEI presentó su informe final tras 14 meses dando asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de Derechos Humanos que vive el país.
En el informe final de su investigación del caso, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a los detenidos, ni obtener declaraciones de líderes políticos ni de ex altos funcionarios o que la PGR ahondara en líneas de investigación propuestas.
"La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud", dijo el grupo en su informe, quien a pesar de las demandas de los familiares no continuará en el caso porque el Gobierno mexicano considerase que su participación ya no era necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", agregó el informe, de 608 páginas, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones.
Los expertos advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de la ciudad de Iguala cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
Allí, la noche del 24 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, en el empobrecido estado de Guerrero, fueron atacados por policías y supuestos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en un caso que dejó patente la extendida complicidad entre autoridades y cárteles del narcotráfico.