La OEA advirtió ayer de que el diálogo está en crisis y un diputado de la coalición de Gobierno dice que se han incumplido compromisos
BOGOTÁ, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Portavoces de los 59 ex jefes paramilitares desmovilizados de Colombia que están recluidos en la cárcel de Itagüí (departamento de Antioquia), manifestaron la intención de éstos de romper el proceso de paz iniciado en 2003 con el Gobierno, alegando que se han incumplido los pactos.
El portavoz político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ernesto Báez, notificó la decisión unilateral de los paramilitares de terminar el proceso porque, según afirman, el Ejecutivo incumplió muchos compromisos.
"Se trata simplemente de dar por terminado un proceso donde no hay confianza, median los engaños, los incumplimientos y no hay compromiso. Esto no puede de ninguna manera asegurar la paz del país", aseguró Báez en declaraciones a la cadena de televisión 'CM'.
Como reacción, el Gobierno revocó el decreto reglamentario que obligaba a los desmovilizados de las AUC a ratificar su intención de acogerse a la Ley de Justicia y Paz mediante una carta escrita. De esta manera, la Fiscalía podrá llamar inmediatamente y sin esperar esta ratificación a los 2.700 hombres que voluntariamente se postularon y que están en las diez listas que envió el Ministerio del Interior al ente acusador.
Según conoció la emisora local 'Caracol Radio', la intensión del Ejecutivo de Álvaro Uribe es dar transparencia a la judicialización de paramilitares, permitiendo que sean llamados todos los comandantes que están en Itagüí, pues hasta el momento solo habían ratificado su intención 16 hombres, entre ellos el ex líder Salvatore Mancuso.
Fuentes de la Casa de Nariño, sede del Gobierno, afirmaron que Uribe está a la espera de que la Fiscalía llame inmediatamente a declarar en versión libre a todos los postulados de esta ley para que comiencen a contar toda la verdad.
De los 2.700 que se acogieron a la norma, cerca de 300 se encuentran actualmente en los zonas de ubicación temporal donde se desmovilizaron, 59 están en el cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y el resto están libertad por no tener antecedentes judiciales.
DISTINTAS VERSIONES
El ministro del Interior, Carlos Holguín, aseguró que el Gobierno nunca incumplió sus compromisos con los paramilitares, y añadió que fueron éstos quienes se pusieron a hacer "cositas que ellos sabían que no podían hacer, y corrieron los riesgos".
Asimismo, señaló que la utilización de la figura de la sedición como delito asociado a las actividades de los paramilitares es una de sus reclamaciones, y en eso pueden tener razón. "Dos veces intenté llevarla al Congreso en la ley de Orden Público, pero estábamos en manos de la oposición y no la aceptaron", afirmó Holguín al manifestar que la bancada de Gobierno no correspondió con el quórum para sacarla adelante.
Por otra parte, el representante Óscar Arboleda, de la Comisión de Paz de la Cámara y de la coalición de Gobierno, explicó que el Ejecutivo sí incumplió varios de sus compromisos con los paramilitares. "El proceso de reinserción tiene muchas falencias, no se construyeron las cárceles especiales para los desmovilizados que ofreció el ministro Sabas Pretelt, ni se hizo la reglamentación para asimilar la sedición como uno de los delitos de los paras", resaltó.
ADVERTENCIA DE LA OEA
Horas antes de que los paramilitares anunciaran su intención de romper el proceso de paz, el jefe de la misión verificadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sergio Caramagna, advirtió de que las negociaciones con las autodefensas afrontaba una crisis muy fuerte, por lo que no descartó que los diálogos se congelaran unilateralmente por parte de los paramilitares.
Después de la reunión con los desmovilizados de Itagüí, a la que también asistieron el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, y los abogados de los ex comandantes de las autodefensas, Caramagna aseguró que "las cosas son bastante difíciles, hay una crisis muy fuerte, y hay que defender la continuidad del proceso de Justicia y Paz".
No obstante, el jefe de la misión de la OEA se mostró confiado en que la crisis que afronta el proceso pueda superarse "porque un rompimiento con Justicia y Paz podría generar un escenario de impredecibles consecuencias". "En este momento el proceso está en una crisis importante, y estamos junto con el Gobierno, monseñor Julio César Vidal y la OEA, buscando la continuidad de los diálogos", agregó.