BOGOTÁ, 20 May. (Reuters/EP) -
Amnistía Internacional condenó este jueves el asesinato del defensor de los Derechos Humanos Rogelio Martínez por parte de grupos paramilitares del departamento de Sucre, en el norte de Colombia, e instó a las autoridades del país a adoptar medidas que garanticen la protección de este colectivo en el ejercicio de su labor.
El activista fue asesinado el pasado martes por un grupo de encapuchados vestidos de negro que le dispararon mientras se dirigía en moto a su domicilio del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre. El crimen fue atribuido por las autoridades locales a los grupos paramilitares que operan en la zona y que habían amenazado de muerte a Martínez en varias ocasiones.
El colombiano era uno de los defensores de los Derechos Humanos más conocidos a nivel local por su implicación en las campañas de denuncia de los abusos cometidos por los paramilitares en esta región, así como en el movimiento para la recuperación de las tierras de los desplazados por los enfrentamientos entre estos grupos y la Fuerza Pública.
"Martínez luchó largo y duro para asegurar que los campesinos de la zona pudieran recuperar las tierras robadas por paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad", dijo Marcelo Pollack, investigador en Colombia de Amnistía Internacional, citado en un comunicado.
En consecuencia, la organización instó a las autoridades colombianas a garantizar la seguridad personal a los defensores de los Derechos Humanos del país de manera que "estén protegidos eficazmente y que puedan realizar su trabajo de forma segura y libres de temor".
"Aquellos que luchan por la verdad, la justicia y la reparación y la devolución de las tierras arrebatadas por los grupos paramilitares en el contexto del prolongado conflicto armado en Colombia siguen pagando un alto precio por su trabajo", aseguró Pollack al tiempo que indicó que solo en el último año han muerto 32 activistas, según cifras del programa no gubernamental Somos Defensores.
PRESENCIA DE LOS PARAMILITARES
Los grupos paramilitares surgieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de Las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) ante la ineficiencia del Estado para combatir a la guerrilla.
Sin embargo, con el paso de los años estos grupos de ultraderecha se implantaron en aquellos territorios de los que habían conseguido expulsar a la guerrilla y establecieron en ellos diversos enclaves de carácter político-militar al margen de la legalidad.
Aunque más de 31.000 paramilitares se desmovilizaron y depusieron las armas en medio de una negociación de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, la mayoría regresó a la ilegalidad como integrantes de grupos armados al servicio del narcotráfico.