Actualizado 05/11/2009 20:25

Colombia.- La Corte Interamericana de DDHH pide a Colombia que reconozca y ampare a los 3 millones de desplazados


BOGOTÁ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) instó este jueves al Gobierno del colombiano Álvaro Uribe a reconocer como víctimas de la violencia a los 3,2 millones de desplazados que existen en el país y a revisar la política de restitución y adjudicación de tierras para las familias desplazadas, uno de los pilares del mandato de Uribe.

"Los desplazados huyen de las zonas de enfrentamiento entre tropas oficiales y guerrillas, de los lugares en donde se fumigan plantaciones de coca destinadas a producción de drogas ilícitas y de los departamentos en los que han resurgido con fuerza los grupos paramilitares", dijo el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Marco Romero.

En concreto, explicó que antes de producirse estos desplazamientos "el 51 por ciento de las familias desplazadas eran pobres y el 30,5 por ciento indigentes y después del desplazamiento el 96,6 por ciento de estas familias son pobres y el 80,7 por ciento son indigentes", explicó Romero.

En su mayoría, se trata de familias que abandonaron tierras de producción agrícola y que hoy viven en la informalidad laboral en las grandes ciudades del país. Como consecuencia de este éxodo rural, más de 5,5 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas desde 1998, mediante presiones y acciones violentas, por la que se vieron afectados 385.000 hogares.

El defensor de Derechos Humanos advirtió del empeoramiento de la situación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que en los últimos tres años han padecido con especial dureza la invasión de sus territorios por parte de grupos armados irregulares y del Ejército que los combate.

LA CIDH INSTA AL GOBIERNO A UN CAMBIO DE POLÍTICA

Por este motivo, la CIDH ordenó al Gobierno de Uribe revisar la política de restitución y adjudicación de tierras para las familias rurales desplazadas por la violencia, tras considerar que no ha servido para restituir los derechos de las personas afectadas.

"Son una verdadera anti-reforma agraria que explica la violencia y el desplazamiento y contribuye al empobrecimiento de miles de familias procedentes de las zonas rurales", apuntó Romero en alusión a la política de restitución de tierras del Gobierno colombiano.

"En los últimos siete años más de dos millones de personas se han desplazado en Colombia, lo que pone en duda la efectividad de la política de 'seguridad democrática', uno de los pilares de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez", señaló el defensor de los Derechos Humanos