BOGOTÁ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El guerrillero colombiano reinsertado Edver Fajardo aseguró hoy que el coronel del Ejército Byron Carvajal tenía nexos con un narcotraficante que habría ordenado el asesinato de diez agentes y un informante de la Policía Judicial (Dijín) en la zona rural de Jamundí (departamento del Valle) el 22 de mayo de 2006.
Fajardo acusó a Carvajal, durante el juicio contra los militares involucrados en este suceso, de mantener una estrecha relación con un narcotraficante del Valle y de participar en el envío de varios kilos de cocaína a Estados Unidos.
Según el ex guerrillero, ese mismo narcotraficante ordenó el secuestro de 12 diputados del Valle llevado a cabo por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 11 de abril de 2002, informa el diario local 'El Espectador'.
Fajardo reiteró que en su momento se había retractado de las acusaciones contra el militar porque su familia había sido amenazada y su vida corría peligro. Después de denunciar supuestas presiones por parte de la Fiscalía para que declarara en contra de los 15 militares inculpados, decidió acogerse nuevamente al programa de protección de testigos del Ministerio Público.
El ex guerrillero había acudido al juicio el pasado enero con una nota firmada ante notario en la que aseguraba haber sido presionado por la Fiscalía para que acusara al coronel Bayron Carvajal, uno de los 15 militares acusados de la muerte de diez miembros de la Dijín y un civil, de tener vínculos con el narcotráfico.
Pero posteriormente, el reinsertado expresó al ente acusador y a la Procuraduría que su esposa y su hija habían sido secuestradas para obligarle a decir que el fiscal del caso, Javier Tamayo, y el mayor Eliécer Camacho, jefe de los diez policías muertos, le habían presionado para que acusara a los 15 detenidos.
Por esta razón, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por los delitos de secuestro extorsivo, amenaza a testigos y falsedad en documento público.
Desde que se inició el juicio, la Fiscalía busca demostrar que el hecho ocurrido el 22 de mayo de 2006 fue una masacre y no un error militar, ya que argumenta que los acusados no siguieron los procedimientos requeridos para evitar un secuestro, que es lo que afirma la defensa, y asegura que ha encontrado varias contradicciones entre las órdenes de operación del batallón de Alta Montaña y los soportes de éstas.