MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Human Right Wacht (HRW), José Miguel Vivanco, considera que el proceso de negociación en el caso del conflicto armado colombiano es "un difícil equilibrio entre justicia y paz" y ha destacado que las autoridades deben lograr una negociación que conlleve una reparación para las víctimas.
Por ello, está de acuerdo en que los principales responsables de crímenes de lesa humanidad sean puestos a disposición de la justicia, si bien las penas a imponer pudieran ser negociadas, aunque en todo caso las mismas deben contener como mínimo privación de libertad.
El experto en derechos humanos opina que Colombia está "preparando el terreno para la impunidad", con acciones como la reforma al fuero militar o la ley estatuaria militar recientemente aprobada, lo cual permite "graves violaciones a los derechos humanos".
En cuanto a las negociaciones para solucionar el conflicto armado ha destacado que "el proceso de paz en Colombia es una gran oportunidad; hay que apoyarlo; el presidente Santos ha hecho una gran labor", dijo.
Vivanco destacó además que un acuerdo genuino de paz repercutiría en los derechos humanos en Colombia, y señaló que debe buscarse un balance mínimo entre justicia y paz, donde no se deben buscar penas ejemplares, pues de lo contrario no habría proceso de paz.
El presidente de HRW hizo estas reflexiones durante un análisis de 'Las libertades y seguridad en Iberoamérica', actividad que se llevó a cabo la noche de este martes en Casa América y que contó con otras personalidades en materia de derechos humanos, tales como el director de Amnistía Internacional de España, la directora de la oficina de derechos Humanos del MAEC España, y la directora del máster de derechos fundamentales del instituto Bartolomé de las Casas.
De igual modo, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, indicó que la tendencia en la zona es asegurar la impunidad; "la paz se consigue si sacrificamos los derechos humanos" dijo.
En ese sentido la directora de la oficina de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Cristina Fraile, aludió a las negociaciones que se están llevando en Cuba respecto al caso colombiano, y destacó que con "un acuerdo de paz sin justicia, dejando a las víctimas a un lado", no habrá una paz duradera.
NARCOTRÁFICO
Entre los temas abordadas por los expertos en el caso iberoamericano, no se dejó de lado el narcotráfico, ya que entienden que es una de las principales causas de violencia en la región.
El presidente de Human Right Wacht, se mostró a favor de una despenalización del consumo para fines íntimos, ya que considera que el derecho a la privacidad es un derecho humano y el consumo personal es una opción, como el caso del tabaco y el alcohol. Señaló además que la despenalización del consumo en los países que lo han instaurado no ha conllevado a un aumento de la demanda.
El presidente de esta ONG ha destacado que, no obstante la despenalización de las drogas, el Estado no debe renunciar a la lucha contra la adicción y dijo que este planteamiento lo han llevado a la asamblea de la OEA, donde ya se ha abierto el debate.
Por su parte la directora del MAEC, señaló que el narcotráfico influye en los derechos humanos, pero que el mismo es un problema de sanidad pública, mientras el director de Amnistía Internacional considera que abordar ese "tópico" siempre ha sido muy "complejo" en Colombia, y dijo que la complejidad ahora se ha trasladado a México.
Por su parte, la directora del master de derechos humanos, María del Carmen Barranco, se mostró de acuerdo con la legalización de las drogas, si bien opina que esa medida no resolvería el problema.
LIBERTADES PÚBLICAS
Los expertos reunidos en Madrid también destacaron la gravedad del problema de las libertades públicas en América Latina. El representante de HRW dijo que en Colombia y México es donde se encuentran las mayores violaciones a los derechos de libertad de expresión contra los periodistas, donde arriesgan su vida y seguridad cuando publican temas que afectan a sectores como el narcotráfico.
Recordó que hay países en AL que mantienen la figura del desacato en sus constituciones, la cual impide realizar publicaciones consideradas ofensivas para personas de poder. De igual modo, se señaló el caso de la cadena Globovisión en Venezuela, la cual fue condenada a pagar varios millones de dólares por causar una supuesta zozobra y ansiedad en la población.
En cuanto a la ley de comunicación de Ecuador, Vivanco indicó que la misma permite realizar censura, por lo que es contraria a una sociedad democrática.
Amnistía Internacional se refirió por su parte a las restricciones que existen en Cuba para acceder a internet, así como los requisitos para ejercer el periodismo en la isla, como es el de afiliarse al partido. Beltrán indicó además que las redes sociales han jugado un papel importante en la denuncia pública.
SEGURIDAD Y TORTURA
El tema de la seguridad y la tortura también fue abordado por los expertos, quienes estuvieron de acuerdo en que la falta de seguridad es fruto de la violencia que vive la región latinoamericana, a lo que se suma la impunidad existente en los diferentes estamentos institucionales.
José Miguel Vivanco indicó que en materia de seguridad ciudadana, la problemática en estos países no ha sido abordada con acciones a largo plazo, sino que solo se toman medidas para resolver a corto plazo.
Agregó que las instituciones policiales se encuentran "corrompidas", y "mal pagadas", por lo que crea una "ficción de seguridad", y no se corresponde a la realidad. Señaló además que la situación empeora cuando se agregan las fuerzas militares, ya que las mismas "no están aptas" para preservar los derechos humanos.
Indicó al respecto que el Ejército tiene como primera opción "utilizar la fuerza bruta", por lo que su uso --dijo-- no es más que "un recurso propagandístico" que no soluciona "para nada" la situación de inseguridad, sino que la empeora.
Por su parte Esteban Beltrán opinó que ningún país resiste un 98 por ciento de impunidad, como --dijo-- es el caso en México. Agregó además que la tortura sigue siendo una preocupación, ya que se continúan cometiendo estos actos en las comisarías, cárceles, etc.
Finalmente los expertos señalaron que muchas constituciones de estos países han avanzado para que la mayoría de los derechos sean justiciables, y así se puedan defender.