BOGOTÁ, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Familiares de secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pedirán en Washington a congresistas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se opongan a un rescate militar que, según afirmaron, intenta el Gobierno colombiano.
"Una comisión de familiares de secuestrados viajará a Estados Unidos con algunos abogados con el objetivo de conversar con congresistas sensibles al tema del secuestro en Colombia, en especial del Partido Demócrata, para buscar respaldo a un intercambio humanitario", explicó el ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
El ex mandatario, que impulsa a título personal la realización del intercambio humanitario junto al también ex gobernante Alfonso López (1974-1978), indicó que la delegación de familiares de los secuestrados también presentarán una solicitud a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Ellos pedirán que la Comisión decrete el rescate militar como una medida riesgosa para los secuestrados. El rescate se ha convertido en la única posibilidad para que los secuestrados recuperen su libertad, pero es un riesgo enorme y por ello es urgente la suscripción de un canje", agregó.
Samper y López criticaron tanto al Gobierno de Álvaro Uribe como a las FARC, a los que acusan de no tener una voluntad real para llevar a cabo el intercambio de 57 secuestrados por unos 500 guerrilleros presos, según informa la emisora local 'RCN'.
PROPONE UN PROYECTO DE LEY
El ex presidente Samper también se declaró dispuesto a impulsar un proyecto de ley que facilite el intercambio. "En vista de esta angustia que produce la espera queremos crear unas condiciones legales para que tanto gobierno como las Farc se sienten a firmar el acuerdo", concluyó.
Las FARC han propuesto al Gobierno de Uribe "canjear" a un grupo de 57 rehenes que incluye a tres estadounidenses, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a decenas de políticos, policías y militares, por unos 500 rebeldes recluídos en distintas cárceles del país.
Para llevar a cabo el intercambio, el grupo armado exige la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, situados en el departamento del Valle. El pasado 20 de octubre, Uribe suspendió los acercamientos que había ordenado iniciar con las FARC para buscar una salida al conflicto tras la explosión de un coche bomba en una escuela militar en Bogotá que atribuyó a la guerrilla.