BOGOTÁ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtió de que mientras no se produzca un despeje militar en los municipios de Pradera y Florida, situados en el departamento del Valle, no será posible el intercambio humanitario antes de la Navidad de 2007.
Así lo afirmó el portavoz del grupo armado, Raúl Reyes, en una entrevista a 'Noticias uno' fechada el 18 de diciembre --antes de que el ex ministro Fernando Araújo escapara de sus secuestradores--, quien indicó además que mientras sigan las operaciones militares en las zonas donde están secuestradas las personas que se beneficiarían de un posible acuerdo con el Gobierno, no se entregará ninguna prueba de vida.
Luis Édgar Devia, verdadero nombre de Reyes, señaló que "todos los prisioneros en poder de las FARC corren grave riesgo por el despliegue de las tropas oficiales encargadas por (el presidente Álvaro) Uribe de rescatar a esta gente, así sea a sangre y fuego", informa la emisora local 'RCN'.
No obstante, añadió que "salvando la situación señalada, todos están bien", pero recordó que si el Gobierno no ordena retirar la fuerza pública de Pradera y Florida, no habrá intercambio humanitario.
Según Reyes, el mandatario colombiano fue quien rompió toda posibilidad de intercambio al culpar a las FARC del atentado en una escuela militar del norte de Bogotá el pasado mes de octubre. "Acude a cualquier disculpa, así sea la más inocua, mentirosa e irresponsable. Su prioridad, es el aventurero delirio de rescatarlos (a los secuestrados) por la fuerza", reiteró Reyes, quien subrayó que actualmente no hay contactos con nadie para tratar el tema de intercambio humanitario.
Los contactos para el posible acuerdo fueron suspendidos por el presidente Uribe después de que las FARC, la principal guerrilla del país, perpetraran supuestamente un atentado contra La Escuela Superior de Guerra, en Bogotá, en el que 24 personas resultaron heridas.
El grupo armado mantiene secuestradas a unas 59 personas, entre políticos, soldados y policías, a los que aspira a intercambiar por 500 guerrilleros presos en caso de que se logre un acuerdo humanitario que se busca desde hace más de cuatro años.