La Justicia emite una orden de detención contra un coronel, que niega los cargos y afirma que no se entregará
BOGOTÁ, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía colombiana tiene indicios que comprometen a 80 miembros en activo y retirados del Ejército con posibles nexos con los paramilitares, según concluyó en un informe en el que ha utilizado todos los expedientes acerca de este asunto.
Cuando el escándalo de la 'parapolítica' está de máxima actualidad y unos días después de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara los nombres de algunos militares que tuvieron vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una comisión de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, creada hace unos meses para rescatar los expedientes que se encontraban 'congelados' en las diferentes regiones, encontró que las investigaciones formales contra estos militares son por delitos que van desde el apoyo a los 'paras' hasta secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados y homicidios.
En estos procesos, la Fiscalía cuenta con evidencias como testimonios de personas que pertenecieron a las Fuerzas Militares, interceptaciones telefónicas y documentos. "Algunos son coroneles, mayores, capitanes y otros son suboficiales y soldados. Unos activos, otros ya no lo son. Son por actividades desarrolladas en los últimos cuatro años", explicó un investigador.
Aunque la mayoría de ellos no están llamados a juicio, sus investigaciones se encuentran en etapas avanzadas y no se trata de averiguaciones en fase previa, según informa el diario local 'El Tiempo'.
Entre los que ya fueron llamados a juicio está el caso --revelado ayer-- del coronel Rodrigo Alfonso González, ex comandante del Batallón Colombia, y los mayores Alexánder Lizarazo y Alejandro Robayo, acusados de tener nexos con los paramilitares del Casanare. Otro grupo de oficiales del Ejército, también cercano a los 80, aparecen en indagaciones previas, lo que significa que todavía no constan procesos oficiales en su contra.
URIBE, PARTIDARIO DE REFORMAR LA JUSTICIA PENAL MILITAR
En esta lista está el caso del coronel Hernán Mejía, uno de los oficiales más condecorados del Ejército, quien fue relevado de su cargo por su presunta relación con las autodefensas durante su paso como comandante del Batallón La Popa, en Valledupar. La Fiscalía aún no ha decidido si abrirá una investigación al respecto.
Esta cifra de investigaciones se conoce días después de que el presidente del país, Álvaro Uribe, haya planteado que es partidario de una reforma de la Justicia Penal Militar con el objetivo de que ésta se encargue de temas disciplinarios y los casos penales pasen a la Justicia ordinaria. Unos 200 generales lo cuestionaron duramente el pasado viernes por esa idea.
Pero los expedientes reunidos en Bogotá por la Fiscalía, que suman unos 200, no son únicamente contra militares, ya que en las investigaciones también aparecen al menos otros 25 miembros del Estado, como policías, miembros de la propia Fiscalía y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --el servicio secreto--.
También investiga a otros funcionarios como alcaldes, diputados y miembros de asambleas. La comisión se está desplazando a distintos departamentos para verificar estas posibles vinculaciones.
GRABACIONES QUE IMPLICAN A UN CORONEL
La decisión más reciente tomada por la Fiscalía involucra a tres oficiales del Ejército. El Ministerio Público llamó a juicio al coronel Rodrigo Alfonso González Medina y a los mayores Alexánder Lizarazo Parra y Alejandro Robayo y los acusó de concierto para delinquir, por su presunta vinculación con los paramilitares.
Los hechos ocurrieron en los primeros meses de 2003 en Viotá (departamento de Cundinamarca), cuando los uniformados formaban parte del Batallón de Infantería Colombia número 28, en la región del Tequendama.
Según la Fiscalía, "miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare irrumpieron en la provincia de Sumapaz, especialmente en el municipio de Viotá, y tras sindicar a algunos pobladores de auxiliar a la guerrilla, los secuestraron y ultimaron". La investigación indica que 12 personas fueron asesinadas y otras cinco están en calidad de desaparecidas.
De hecho, en octubre del año pasado, un juez condenó a 34 años de prisión al capitán Édgar Mauricio Arbeláez y al suboficial Eduardo Enrique Márquez Martínez por el homicidio de un campesino en zona rural de Viotá.
Grabaciones presentadas por la Fiscalía comprometieron al capitán Arbeláez y a un reconocido jefe paramilitar con este hecho, ya que en las grabaciones el oficial le pide al líder de las autodefensas que le ayude para entregar algunos "positivos" a sus superiores.
DICE QUE NO SE ENTREGARÁ
Ahora, la declaración de un suboficial retirado es una de las pruebas con las que cuenta la Justicia para acusar al coronel González y a los mayores Lizarazo y Robayo. En su versión, el testigo asegura que los militares se reunieron con jefes 'paras' y coordinaron la manera de 'limpiar' de guerrilla esa zona de Cundinamarca.
El coronel González, sobre quien pesa una orden de detención, negó ayer los cargos desde la clandestinidad, y agregó en su defensa que él capturó a los paramilitares que cometieron estos delitos. Además, subrayó que no se entregará. Por su parte, el mayor Lizarazo, quien está realizando un curso de ascenso a teniente coronel, y el mayor Robayo han insistido en su inocencia.