BOGOTÁ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía colombiana está investigando a 56 militares en relación a la masacre ocurrida hace ahora dos años en la pequeña localidad de San José de Apartadó (departamento de Antioquia), en la que ocho civiles pertenecientes a la Comunidad de Paz, entre ellos varios niños, fueron asesinados por hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército.
Los delitos por los que los militares han sido llamados por el Ministerio Público para prestar declaración son homicidio en persona protegida y terrorismo. Los 56 sospechosos pertenecen a la Brigada 17 del Ejército y contra ellos existen varias pruebas de que participaron en los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005 en la frontera con Panamá.
La Fiscalía ya ha solicitado al Ejército que le proporcione la ubicación de cada uno de los militares para que le permita establecer si siguen en el servicio activo o si ya se han retirado con el objetivo de establecer la fecha de la diligencia judicial, según informa el diario local 'El Espectador'.
Inicialmente, las investigaciones apuntaban a que los responsables de la masacre eran miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero después de que avanzaran las investigaciones el Ministerio Público encontró pruebas suficientes para llamar a declarar a los uniformados.
El 21 de febrero de 2005, cinco adultos y tres menores fueron asesinados por hombres que vestían camuflados. Posteriormente se supo que los cuerpos de las víctimas habían sido hallados en fosas comunes de Antioquia.
PROTESTAS EN EEUU Y ESPAÑA
El pasado miércoles, activistas norteamericanos protestaron ante el Congreso de Estados Unidos exigiendo que revisaran su política exterior con respecto a Colombia con el objetivo de que retiraran toda la ayuda al Gobierno de Álvaro Uribe, ya que después de dos años de la masacre no se había producido ninguna detención hasta ahora.
Ese mismo día, decenas de personas se concentraron también en Madrid y Barcelona para exigir el fin de la impunidad de los crímenes del paramilitarismo en Colombia y la complicidad de miembros de las autoridades en este país sudamericano.
Frente a la Embajada de Colombia en Madrid, organizaciones como Amnistía Internacional y la Asociación de Amistad con la Comunidad de Paz San José de Apartadó (ACOMPAZ) recordaron que las Comunidades de Paz son "un claro ejemplo de la impunidad en Colombia y de cómo la población civil, por mucho que intenta mantenerse al margen de este conflicto, sigue siendo la gran víctima".
Según indicó a Europa Press la portavoz de Amnistía Internacional María del Pozo, ya han muerto 160 miembros de estas comunidades, "que se crearon para decir al gobierno, a la guerrilla y a los paramilitares que sólo querían vivir en paz", y el pasado mes de enero sus integrantes "volvieron a ser amenazados por hombres que dijeron ser de las autodefensas, cuando el Gobierno colombiano nos está vendiendo que más de 30.000 paramilitares se han desmovilizado".
De este modo, exigió al Ejecutivo de Álvaro Uribe que "de una vez por todas desmantele a los paramilitares y que se investiguen todos estos hechos". Asimismo, pidió al Gobierno español y a la Unión Europea "que dejen de apoyar política y económicamente el proceso de desmovilización de los 'paras'".