7 de agosto de 2006

Colombia.- El Gobierno colombiano detecta irregularidades en casas de adopción privadas que trabajan con otros países

BOGOTÁ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría colombiana ha solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que explique el control que ejerce sobre las casas de adopción privadas, que en el año 2005 entregaron a familias extranjeras 383 niños y niñas, a cambio de lo que recibieron como donación cerca de 2,3 millones de dólares (cerca de 1,8 millones de euros), informa Caracol Radio.

Según explica esta emisora, una investigación del máximo organismo del Ministerio Público, basada en información suministrada a Bienestar Familiar por 21 agencias y organismos acreditados, las ocho casas de adopción existentes en el país reciben una media de 6.000 dólares (algo más de 4.600 euros) por cada niño entregado en adopción.

Del total del dinero recibido, el 30% fue depositado en cuentas bancarias abiertas en Panamá, Islas Caimán, Nueva York y Miami, mientras que el 70% restante fue consignado en cuentas nacionales.

Según las investigaciones de la Procuraduría, y tal y como recoge Caracol Radio, cuatro de las ocho casas de adopción desarrollan adicionalmente programas diferentes a los incluidos en las licencias de funcionamiento otorgadas, y sin que exista ningún tipo de control sobre estas actividades por parte del ICBF, que deberá rendir explicaciones sobre estos hechos.

Adicionalmente, la Procuraduría envió a la Fiscalía General de la Nación copias del informe para que evalúe la pertinencia de iniciar, si es preicso, las acciones penales sobre estas casas de adopción, que si bien son privadas prestan un servicio público.

Por otra parte, en el informe se pone de manifiesto que el Instituto de Bienestar Familiar tiene a su cargo más de 4.200 niños y niñas que cumplen algún requisito por el que son considerados de díficil adopción, por tener edades que superan los ocho años, tener algún tipo de discapacidad o pertenecer a alguna minoría étnica.

Ante esta situación, el Ministerio Público ha solicitado al ICBF que informe si existen proyectos y programas que garanticen a estos niños el derecho a tener una familia.