BOGOTÁ, 16 Dic. (Reuters/EP) -
La relatora especial de Naciones Unidas (ONU), Gabriela Carina Knaul de Albuquerque, denunció este miércoles la impunidad de las amenazas de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares e incluso del Ejército contra magistrados, jueces, abogados, víctimas y testigos.
"Observo con preocupación los ataques y amenazas proferidos en contra de estas personas (magistrados, jueces, abogados, testigos y víctimas) en razón de los casos que tienen a su cargo o de las funciones que deben desempeñar", dijo la funcionaria, la cuarta relatora de la ONU que visita Colombia este año.
Las amenazas proceden en su gran mayoría de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC), paramilitares, narcotraficantes y del Ejército, que han provocado numerosos atentados y crímenes que, en opinión de la diplomática, socavan la fortaleza de la administración de Justicia del país.
"Esta situación genera una atmósfera de temor e incertidumbre entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", aseguró la relatora, quien pidió al Gobierno garantías de seguridad para los amenazados, así como persecución y castigo para los responsables de las amenazas que buscan obstruir la justicia.
Asimismo, Knaul de Albuquerque puntualizó que, pese a los esfuerzos del Gobierno de Álvaro Uribe, la impunidad continúa siendo un problema persistente en la Justicia colombiana, debido a la congestión de procesos y a la falta de recursos, entre otros factores.
En este sentido, la funcionaria instó a la Corte Suprema a superar la falta de definición sobre una autoridad definitiva, tras la negativa de este órgano a nombrar un Fiscal General del Estado entre los candidatos propuestos por el presidente colombiano.
Entre otras deficiencias de la Justicia del país, la relatora se refirió a la ley de Justicia y Paz, que permitió el desarme y la desmovilización de más de 30.000 combatientes de los escuadrones paramilitares, señalando que la pretensión de que los integrantes de estos grupos armados ilegales confesaran sus delitos e indemnizaran a las víctimas, ha ralentizado el proceso.
Finalmente, Knaul de Albuquerque se declaró preocupada por el hacinamiento de presos en las cárceles colombianas, así como por las dificultades de sectores como los indígenas y los afrocolombianos para acceder a la Justicia.