BOGOTÁ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Siete de cada 10 personas se niegan a que los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) participen en la política del país, según reveló un sondeo en el que fueron consultados 2.000 hogares, entre los que hay 800 personas que están directamente afectadas por el conflicto armado.
La encuesta, realizada en 16 departamentos por la Fundación Social, el International Center for Transitional Justice (ICTJ) y la Consejería en Proyectos, buscaba explorar qué esperan los colombianos en materia de verdad, justicia y reparación, en este momento en el que los paramilitares están declarando ante la justicia y confesando sus crímenes.
El estudio --cuyos resultados fueron divulgados por el diario local 'El Tiempo'-- desveló que el 42 por ciento de los encuestados asegura que el conflicto con los paramilitares "no tendrá fin", por lo menos en los próximos años, lo que justifica el hecho de que sólo uno de cada tres ciudadanos apruebe la reducción de penas a los miembros de las AUC que se sometan al proceso de paz, aunque "la mayoría" no cree en la negociación.
Sobre el caso de los desmovilizados, el 73,9 por ciento dice estar dispuesto a perdonar a los paramilitares que actuaron en su contra y más de la mitad los aceptaría como vecinos. Pero apenas 3 de cada 10 manifiestan que podrían incursionar en la política doméstica, mientras que el resto asegura que deben estar ajenos a las elecciones a los demás procesos democráticos.
Por otro lado, el 50 por ciento tiene la percepción de sentirse afectado por el conflicto armado, aunque la cifra real de víctimas de las AUC oscila entre nueve y 15 por ciento de los encuestados, siendo la violencia sexual la conducta considerada más grave por parte de los paramilitares. "La violencia de género es una realidad que deberán tener en cuenta las instituciones encargadas de la reparación", declaró Eduardo González miembro del ICTJ.
Al consultar a las víctimas si estarían dispuestas a saber acerca de los crímenes que le afectaron, la mitad dijo que optaría por la incertidumbre total. "Las personas tienen miedo y aún desconfían de la capacidad del Estado para garantizar sus vidas y derechos", explicaron los responsables de la encuesta.
Las víctimas señalaron además que no consideran el dinero como un acto de verdadero reparo material por los daños ocasionados, dándole un valor de 3,2 en las escala del uno al cinco, pues aseguraron que ese derecho es una forma de resarcir daños para garantizarles mejor servicio de salud, educación, seguridad y empleo para mejorar su calidad de vida.